El plenario del Comité Permanente de Seguimiento Interinstitucional (Lanús -Avellaneda) reunió a organismos judiciales, instituciones públicas y organizaciones de la comunidad para repasar el trabajo en territorio y compartir las experiencias que se desarrollan en el departamento.

 

El Comité Permanente de Seguimiento Interinstitucional integrado por organismos del Poder Judicial, instituciones educativas, la Iglesia y organizaciones civiles- se reunió este jueves en la sede la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Avellaneda y Lanús junto a funcionarios de la Suprema Corte de Justicia bonaerense para evaluar las acciones del mismo. El Comité fue creado por la Suprema Corte mediante el Acuerdo 4117 y tiene como objetivo, mediante el trabajo conjunto interinstitucional, trabajar en la prevención de violencias y el monitoreo de las condiciones de detención y el sistema penal.

El encuentro tuvo una amplia participación, fue encabezado por el presidente de la Cámara Penal de Avellaneda – Lanús, Dr. Gabriel Vitale; y tuvo la presencia de Leandro Gáspari, subsecretario de Derechos Humanos de la Suprema Corte; Fernando Benítez y Luciano Noli, de la Cámara Penal; Guillermo Castro y Martín Rodríguez, de la Fiscalía General; Gilda Maltas y Diego Lavagnino, de la Defensoría General; Nicolás Carignano, del Patronato de Liberados; Florencia Beltrame, de la UNLa; Verónica Ottaviano, de Cruz Roja Lanús; Melina Espósito, de Salud provincial; Concepción Sdrubolini y Sabrina Crispín, de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires; y el padre Juan Manuel Rega, sacerdote de la Diócesis de Avellaneda – Lanús e integrante del espacio de Curas en Opción por los Pobres.

Durante el encuentro se repasaron los relevamientos realizados en dependencias policiales de ambos distritos. En prevención, se presentaron iniciativas de reflexión sobre masculinidades para determinados casos de violencia familiar o de género. En salud mental, se abordaron mesas de entrada destinadas a coordinar respuestas en procesos penales o familiares.

El Dr. Vitale expresó en el encuentro: “Durante mucho tiempo, cuando se habla de justicia, la imagen que aparece es la de un tribunal, un expediente y una sentencia. Es comprensible: juzgar es una de las funciones centrales del Poder Judicial. Pero hay una pregunta que hoy resulta imposible dejar de lado: ¿alcanza con intervenir cuando el conflicto ya ocurrió?”.

Y agregó: “La experiencia del Comité Permanente de Seguimiento Interinstitucional del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús propone una respuesta diferente. No se trata de reemplazar la función de los jueces ni de debilitar la responsabilidad de quienes cometen delitos. Se trata de comprender que muchos conflictos que llegan a los tribunales tienen causas y consecuencias que exceden ampliamente el expediente judicial. Y que, para abordarlos, hace falta algo más que una decisión aislada: se necesita coordinación, presencia institucional y trabajo comunitario”.

En esa dirección, en un tramo de la intervención valoró el convenio firmado con Cruz Roja Argentina Filial Lanús en junio pasado en el marco del Comité Interinstitucional. Al respecto tomó la palabra la Dra. Verónica Ottaviano, titular de esa institución donde destacó: «a partir de nuestra inserción en la comunidad buscamos el modo de colaborar y poder contribuir al Poder Judicial. Evaluamos que programas podían ser útiles para este fin y desde allí articulamos con otros actores».

Dentro de las tareas abordadas por el Comité detallaron:

Condiciones de detención: Las visitas institucionales y observar las condiciones de alojamiento de las personas privadas de libertad. Durante el primer semestre de 2026 se relevaron dependencias policiales de Avellaneda y Lanús.

Prevención de violencias: el Comité impulsó la Resolución 3/26, que promueve, en determinados procesos penales de menor gravedad vinculados con situaciones de violencia familiar o de género, la derivación de las personas imputadas a espacios de reflexión y trabajo sobre masculinidades, cuando las circunstancias del caso lo permitan.

Salud mental: La Resolución 4/26 impulsó la creación de mesas de entrada específicas para abordar situaciones vinculadas con la salud mental en Avellaneda y Lanús, en aquellos casos en los que existen actuaciones penales o familiares en trámite.

El objetivo es facilitar la articulación entre los organismos judiciales y los servicios de salud, evitando que las personas y sus familias deban recorrer distintas instituciones sin encontrar una respuesta coordinada.

Jóvenes Responsabilidad y Reparación: Uno de los proyectos más importantes se desarrolla junto con la Universidad Nacional de Lanús, a través del programa “Jóvenes y Prácticas Restaurativas”, con la participación del Instituto de Justicia y Derechos Humanos.

El proyecto contempla el trabajo con jóvenes que se encuentran en libertad y también con quienes están privados de ella. Incluye la participación de las familias, las escuelas, los organismos públicos y las organizaciones comunitarias. También busca construir planes de continuidad para los momentos de egreso, cuando resulta especialmente importante evitar que la persona vuelva a quedar sin referencias institucionales.

Educación y Trabajo: Los datos relevados por el Patronato de Liberados aportan una dimensión concreta a este debate: el 71 por ciento de las personas de entre 18 y 25 años que pasaron por el sistema penal y residen en Avellaneda o Lanús no había terminado la escuela secundaria.

Frente a esta realidad, se trabaja en la articulación con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, el Patronato de Liberados, establecimientos educativos, programas de terminalidad secundaria, formación profesional, universidades, cooperativas y organizaciones sociales.

La Justicia, construcción articulada: El trabajo del Comité también se extendió a  organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos. El acuerdo con la Cruz Roja Argentina, filial Lanús, permitió avanzar en actividades vinculadas con masculinidades, prevención de las violencias, salud mental, consumos problemáticos y capacitación en oficios.

También se desarrollaron líneas de cooperación con el Obispado de Avellaneda-Lanús, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y organizaciones comprometidas con la accesibilidad, como Avellaneda Sin Barreras.

Por último, Vitale concluyó: “En definitiva, una justicia más cercana no es una justicia menos rigurosa. Es una justicia que comprende mejor la complejidad de los conflictos y que, además de juzgar cuando corresponde, se compromete con la posibilidad de evitar nuevas violencias. Porque una sociedad no se vuelve más segura solamente cuando aumenta su capacidad de castigar. También se vuelve más segura cuando consigue prevenir, reparar, incluir y ofrecer oportunidades. La justicia del futuro necesita seguir juzgando cuando corresponde, pero también aprender a prevenir, acompañar, reparar y construir comunidad”.