El mandatario paraguayo presentó su dimisión este jueves para evitar un juicio político en el Congreso tras la quiebre del Ueno Bank que maneja dinero de más de 3 millones de personas. La intervención de la entidad financiera desató masivas protestas sociales, una investigación de la Fiscalía y un terremoto institucional que sacude al oficialismo.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves su renuncia al cargo acorralado por una escalada sin precedentes de protestas ciudadanas, la apertura de una investigación penal de la Fiscalía General del Estado y un inminente juicio político en el Congreso impulsado tras el colapso e intervención de Ueno Bank.

«Si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí», expresó el mandatario en un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que remarcó que su máxima prioridad en este momento es velar por la tranquilidad de los paraguayos.

El detonante: El colapso de Ueno Bank y la furia de los ahorristas

La caída de Peña no responde a diferencias ideológicas tradicionales, sino a una tormenta financiera que impactó directamente en el bolsillo de la ciudadanía. La intervención de Ueno Bank —una entidad con amplia presencia en el mercado local y millones de clientes— dejó temporalmente bloqueados los ahorros de la población y puso bajo la lupa millonarios depósitos de fondos públicos y previsionales provenientes del Instituto de Previsión Social (IPS).

El malestar escaló rápidamente desde las redes sociales hasta las calles de Asunción, donde se registraron jornadas consecutivas de intensas protestas frente a edificios públicos y sedes bancarias que derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Los cuestionamientos políticos se centraron en los antiguos vínculos societarios de Peña con el grupo controlador del banco, lo que la oposición y diversos sectores sociales calificaron como un evidente conflicto de intereses e incapacidad en la gestión de la crisis.

Juicio político exprés e investigación judicial

Con el correr de las horas, la presión se tornó insostenible. La Cámara de Diputados avanzó de manera unánime para someter al mandatario a un juicio político, forzando una salida institucional anticipada para intentar calmar las aguas en el plano político.

Paralelamente, la Fiscalía General del Estado confirmó la apertura formal de una causa penal contra Peña. Tras su dimisión, el siguiente paso clave en el Parlamento será formalizar la aceptación de la renuncia y proceder al debate sobre el desafuero de sus fueros como senador vitalicio, lo que dejaría al exmandatario a completa disposición de la justicia ordinaria.

¿Quién asume el poder?

Con la salida de Santiago Peña —quien había asumido el poder en agosto de 2023 con un mandato previsto hasta 2028—, el escenario institucional prevé que la sucesión recaiga en el actual vicepresidente, Pedro Alliana, fiel aliado del sector político liderado por Horacio Cartes. Alliana tendrá la compleja misión de completar el período presidencial en medio de un clima de extrema tensión social, cuestionamientos económicos y un oficialismo obligado a reconfigurar su estrategia de gobernabilidad.