Aceiteros anunciaron paro por tiempo indeterminado, gremios de la actividad marítima y fluvial anunciaron una medida de fuerza, ATE para en el SENASA por 72 hs. Ministros de Trabajo de seis provincias también rechazaron la reforma laboral.
Horas decisivas en el Congreso de la Nación se desarrolla un largo debate para sancionar la nueva versión de la ley Bases y la reforma fiscal, ambas impulsadas por el Gobierno nacional y con la complicidad de los bloques de diputados del PRO, UCR, Hacemos Federal e Innovación Federal, más allá de alguna discrepancia menor sobre algún tema.
Diferentes organizaciones gremiales avanzaron con medidas de fuerzas en rechazo a ambas medidas que implican motosierra a derechos laborales, mayor precariedad laboral, despidos en el Estado, habilita el sistema de la UOCRA para los despidos, extiende el período de prueba que puede llegar hasta un año, favorece tercerizaciones e incluye la figura del trabajador independiente que puede contratar cinco trabajadores al margen de los convenios colectivos y sin derechos laborales.
Para peor, regresa con fuerza el Impuesto a las Ganancias, en donde de sancionarse tributarían salarios en bruto de 1,8 millones de pesos para solteros y 2,2 millones para aquellos que tengan dos hijos. Un millón de trabajadores volverán a tener descuentos, paralelamente a una ley fiscal que beneficia a los más ricos con reducciones en el impuesto de Bienes Personales. El que no quiere entender es porque no quiere: beneficios impositivos para los más ricos e impuestos para los trabajadores.
De modo atomizado, hay protestas de diferentes organizaciones gremiales. Una de ellas fue anunciada por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) con el cual vienen teniendo unidad en la acción en el último período.
Ambas organizaciones anunciaron un paro de actividades por tiempo indeterminado en una actividad estratégica para la economía argentina, clave en el ingreso de divisas al país. Con altos niveles salariales sus trabajadores volverán a pagar Ganancias con el planteo del gobierno.
Paralelamente, los gremios nucleados en la Federación Sindical, Marítima y Fluvial -donde coinciden nueve organizaciones gremiales- lanzaron un paro de desde las 18 hs. de este lunes que se extenderá hasta las 12 hs. del 30 de abril como parte del inicio de un plan de lucha. Asimismo anunciaron que movilizarán al Congreso el martes a las 10 de la mañana.
Por otro lado, ATE Nacional lanzó un paro de 72 hs. en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) desde las 0 hs. de este lunes 29 de abril en un organismo clave en las exportaciones de alimentos a partir de los controles de las normas fitosanitarias.
Estas medidas de fuerza se dan en la previa de la movilización del 1° de mayo convocada para las 10 de la mañana. Las columnas de las diferentes centrales concentrarán en la Avenida Independencia y desde allí movilizarán hasta el Monumento al Trabajo en Independencia al 900. También del paro nacional convocado para el 9 de mayo.
SEIS PROVINCIAS RECHAZAN LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL
En un documento firmado por los ministros de Trabajo de la provincia de Buenos Aires (Walter Correa), Formosa (Julio Valdez), Tierra del Fuego (Julia Coman), La Rioja (Myriam Espinoza) y La Pampa (Marcelo Pedehontaa) rechazaron los puntos de la ley Bases que implican una reforma laboral debido a «que colisiona con los derechos adquiridos en la Constitución Nacional».
Asimismo, las autoridades laborales firmantes, se comprometieron a trabajar coordinadamente a fin de “evitar la sanción de toda norma que indique un avasallamiento de los derechos sociales y laborales reseñados que redunde en la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador, objetivo primario de la actividad política y de la función pública”.
«Que el contenido del DNU 70/2023 en su Título IV denominado “Trabajo” así como el proyecto original de la denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en su Capítulo IV ´Empleo Público´ colisionan definitivamente con los derechos constitucionales arriba transcriptos y con los principios que ilustran el Derecho del Trabajo y del Empleo Público, pues implican una regresión inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico e institucional, marcado a fuego por el Principio de Progresividad», agregaron.
COMUNICADO COMPLETO
MANIFESTAMOS:
Que el contenido del DNU 70/2023 en su Título IV denominado “Trabajo” así como el proyecto original de la denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en su Capítulo IV “Empleo Público” colisionan definitivamente con los derechos constitucionales arriba transcriptos y con los principios que ilustran el Derecho del Trabajo y del Empleo Público, pues implican una regresión inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico e institucional, marcado a fuego por el Principio de Progresividad.
Advertimos, a más de 4 meses de asumido el nuevo Gobierno Nacional, que las condiciones materiales de vida de los sectores merecedores constitucionalmente de tutela diferenciada se han visto ostensiblemente deterioradas.
No se trata solamente de la situación inflacionaria, sino de la ausencia de todo tipo de mecanismo de control respecto de precios en bienes esenciales, tarifas en servicios, alquileres, provisión de medicamentos, asimismo el espíritu desregulador ha avanzado en todas las áreas de la actividad económica, pero pone un único techo, y paradójicamente, es a la recomposición salarial, a la Negociación Colectiva, a las Paritarias.
A este escenario de inflación descontrolada, salarios congelados, parálisis deliberada de la actividad estatal se suma la paralización de la Obra Pública y el desguace sin criterio ni razón que pueda explicarlo, de innumerables organismos estatales con la consiguiente ola de despidos o cesantías que condenan a familias enteras a la desesperación y la indigencia.
Así las cosas, las Provincias, territorio natural donde acontecen e impactan las decisiones que a golpes de Decretos de Necesidad y Urgencia se adoptan desde el Ejecutivo Nacional, se ven desfinanciadas al borde de poner en crisis su accionar básico, el pago de sueldos y la compra de insumos que permitan cumplir con funciones estatales impostergables.
No hay sector de la sociedad que no esté padeciendo por alguna de las situaciones descriptas, y reiteramos, con flagrante violación de nuestra carta Magna, graves e innecesarios perjuicios, de quizá imposible reparación ulterior.
Discapacidades, niñeces, diversidades, beneficiarias y beneficiarios de la seguridad social, investigadores, artistas, protagonistas de la cultura, estudiantes de todos los niveles, ven peligrar sus proyectos o directamente sus vidas: no llegan alimentos a los comedores; se dieron de baja arbitrariamente planes sociales; se restringió el acceso a la salud de los jubilados y a la medicación de pacientes oncológicos; no hay programas que contemplen el desarrollo de los sectores más vulnerables. Mientras estas líneas son escritas se profundiza el daño, se ha liberado el precio de la telefonía celular y de los servicios de telecomunicaciones, esenciales para la vida cotidiana, y ha comenzado a circular un nuevo proyecto de “Ley Bases” que en nada subsana el actual estado de cosas, donde además se pretende reinstalar el impuesto a las ganancias sobre salarios, consagrando una injusticia que el propio Presidente había colaborado a eliminar con su voto cuando hace tan solo 5 meses era diputado.
Instituciones diseñadas precisamente para hacer efectivas las garantías y derechos sociales contenidos en la Constitución, como el Consejo Federal del Trabajo, la Comisión del Salario Mínimo Vital y Móvil, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, entro otros, no están funcionando o se demora su convocatoria.
Por ello, resulta necesario que las Provincias, entidades preexistentes a la Nación, comencemos a accionar en conjunto en el marco de las leyes fundacionales que han regido los destinos de la Patria desde su organización, normas que hemos jurado respetar al asumir nuestros cargos y que, más allá de cualquier diferencia ideológica, se ven violadas por las referidas decisiones del poder ejecutivo nacional, tal como lo viene declarando la Justicia, no sólo en el capítulo laboral que nos compete.
En este estado de situación, las carteras laborales provinciales firmantes NOS COMPROMETEMOS, en ejercicio de nuestras respectivas competencias, a trabajar coordinadamente a fin de evitar la sanción de toda norma que indique un avasallamiento de los derechos sociales y laborales reseñados que redunde en la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador, objetivo primario de la actividad política y de la función pública.
Somos Pueblo, y sólo el Pueblo Salvará al Pueblo.
