Nueva edición de Se Hará Justicia, con la conducción de Verónica Ottaviano y la participación de los abogado Luis Roa y Gustavo Cousirat, ambos de estrecha relación con el mundo laboral. Allí puntualizaron sobre el DNU 340/225 y la cautelar que suspende su aplicación, en donde entre otros temas cercenaba el derecho a huelga en numerosas actividades. También un tramo sobre la resolución que habilita el pago de la paritaria de comercio en provincia de Buenos Aires.
El pasado lunes 2 de junio la jueza de primera instancia de la Justicia Nacional del Trabajo, Moira Fullana, dictó una medida cautelar mediante la cual suspendió la aplicación de los artículos 2 y 3 del DNU 340/2025 por el cual el Poder Ejecutivo desreguló a la Marina Mercante y limitó severamente la posibilidad de huelga en numerosos sectores del trabajo.
La jueza Fullana tomó tal decisión en base a una presentación judicial realizada desde la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, pero aceptando la petición de suspender la aplicación del Decreto como de preservación de los derechos.
Dicho DNU, establecía actividades esenciales que debían cumplir con una presencia del 75% en caso de huelga y otras trascendentales que debían hacerlo en un 50%. Un contenido similar a lo ya establecido por el mega DNU 70/2023 que fue declarado inconstitucional en dos instancias y actualmente aguarda su tratamiento en la Corte Suprema de Justicia.
Luis «Lucho» Roa es abogado laboralista, docente universitario y cumple actualmente funciones asesorando al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires encabezado por Walter Correa.
«Existe un claro avance de las facultades del Poder Ejecutivo sobre el derecho a huelga«, afirmó.
Roa sintetizó la historia en las últimas décadas: «El derecho a huelga está establecido en la Constitución de 1957, siendo reglamentado ese aspecto en 1958. En la década del´90 se comenzó a dar una discusión más profunda sobre la huelga en el momento es que finalizan las conciliaciones obligatorias. Allí se interpretó que se puede morigerar el derecho a huelga en los llamados servicios esenciales con un decreto de (Carlos) Menem de la década del ´90, que se extralimitaba bastante. Luego fue revisado por el gobierno de Néstor Kirchner en donde se adecuó a lo que expresa la Organización Internacional del Trabajo. Esenciales son los servicios sanitarios y hospitalarios, producción y distribución de energía, agua y gas y el control de tráfico aéreo».
«Ahora el Gobierno busca poner en vigencia algo que ya estaba suspendido con el DNU 70/2023«, indicó.
Roa alertó por una seguidilla de decretos del Gobierno nacional en las últimas semanas: «Esto se inscribe en una tendencia general del Poder Ejecutivo. El año pasado tuvo media sanción un proyecto de ley para declarar la esencialidad de la educación, se corrió de la Paritaria Nacional Docente, reformó el Código Aeronáutico».
A ello agregó: «También está el DNU 342/2025 que modifica la ley de Asociaciones Sindicales atribuyéndole a los interventores de la Secretaría de Trabajo de la Nación facultades amplias más allá normalizar el funcionamiento electoral de una organización. Por otro lado, dictó la Resolución 34 elaborar listas negras de delegados en el ámbito del trabajo estatal».
También sumó lo que muchos denominan el «cepo a las paritarias» al no homologar las Secretaría de Trabajo acuerdos salariales por arriba del 1% de aumento mensual. «Está vaciando la negociación colectivo con el techo del 1%, la libertad parece correr para todos, pero no para los trabajadores. Sin huelga, sin paritaria y derecho a una organización autónoma no hay posibilidad de relaciones colectivas de trabajo. Es muy grave».
Por último, enfatizó: «Hay un claro alzamiento de uno de los poderes del Estado sobre los restantes» al saltear el Congreso con los DNU y a desconocer fallos de la Justicia sobre el derecho a huelga al volver a la carga cuando aún espera resolución en la Corte Suprema de Justicia. «Es peligroso el camino que recorre el Gobierno«, concluyó.
GUSTAVO COUSIRAT: PARITARIA DE COMERCIO, LA NEGATIVA A SU HOMOLOGACIÓN Y EL DICTAMEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO BONAERENSE QUE HABILITA SU PAGO
Gustavo Cousirat es el delegado regional del Ministerio de Trabajo bonaerense en Avellaneda. En el diálogo se refirió al reciente dictamen del Ministerio convalidando el pago de la paritaria de Comercio para los distritos de Lanús y Avellaneda a partir de una presentación del SECLA, sindicato mercantil con representación en ambas localidades.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó con las tres principales cámaras empresariales del sector una suba salarial del 5,4% en tres tramos y el pago de sumas fijas entre los meses de abril a junio. Ante el techo salarial impuesto por el gobierno nacional, la Secretaría de Trabajo se negó a homologar el acuerdo que previendo esta situación fue establecida una cláusula por la cual las empresas deben pagarlo aún ante la falta de homologación.
«La cláusula 10 del acuerdo dice que en ese caso podría ser pagado con un ítem especial no remunerativo algo que finalmente las cámaras empresariales no cumplieron. El Gobierno se mete en este caso, además, en una discusión libre entre partes como marca el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional».
«El Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda (SECLA) presentó una nota reclamando por este punto. El Ministerio de Trabajo en base a casos anteriores sacó un dictamen donde el pago es exigible porque el artículo 10 es claro. Se debe pagar de una manera hasta la homologación, a cuenta de futuros aumentos o que se homologue el acuerdo. Es de carácter exigible».
Por último, Cousirat aclaró que el dictamen «alcanza a los distritos Lanús y Avellaneda», pero que otras regionales estaban recibiendo los mismos reclamos en diferentes puntos del territorio bonaerense.
