Lo afirmó el defensor de las Personas con Discapacidad de la provincia de Mendoza, Juan Carlos Gonzáles Olsina, que dialogó con Conectados por tus Derechos. Repasó la creación de esa Defensoría, advirtió por los recortes e incumplimientos de derechos consagrados constitucionalmente.
La Defensoría de las Personas con Discapacidad fue creada fue creada en 2013 a partir de la sanción de una ley en la legislatura mendocina. Desde esa fecha es encabezada por Juan Carlos González Olsina que entrevistado por Conectado por tus Derechos recordó: «Es producto de una ley creada con mucho coraje legislativo, que entendió que había ciertas problemáticas específicas de esta población. Al no haber una Defensoría del Pueblo provincial en temas se creó esta Defensoría específica».
«Hubo un gran esfuerzo a nivel institucional. Hicimos que este Defensoría funcionara y fuera independiente, con un presupuesto económico propio que es el requisito real y que garantiza la verdadera independencia de un organismo al actuar como organismo de control», sumó.
Dentro de las acciones que lleva adelante están atender «inquietudes», «procesar denuncias personales, de terceros, anónimas y colectivas».
En ese marco afirmó que en este período el 56% de las denuncias están relacionales con temas de «salud, falta de cobertura de obras sociales y demoras en el otorgamiento de pensiones no contributivas«.
«Actuamos en dos niveles, uno es llegar con medidas correctivas y luego en medidas preventivas, para que no vuelva a ocurrir más. En nuestro trabajo hemos sugerido cambios de normas provinciales, ministeriales y actuaciones a nivel colectivo», afirmó
«22.000 personas tramitaron pensiones que siguen esperando su resolución lo que implica una vulneración de derechos. Hoy el programa Incluir Salud (que brinda atención médica a personas con pensiones no contributivas) funciona poco y mal», sostuvo Gonzáles Olsina.
«Venimos denunciando el recorte en discapacidad«, indicó sobre el presente que atraviesa el país.
«Nuestro país adhirió a la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad en el año 2006 teniendo jerarquía constitucional desde 2014. Todas las normas de nuestro país debe estar adaptada, en salud y educación en base a esa Convención».
«En nuestro caso, nos atenemos a los principios constitucionales. Hay que profundizar y hacer tangible estos postulados«.
Por último, se refirió a la decisión del gobierno de avanzar sobre las pensiones no contributivas y sobre derechos de las personas con discapacidad.
«Nosotros recomendamos presentarse en las auditorias, nos han puesto en una situación en la cual no tenemos nada que esconder. Se están diciendo mentiras para justificar actuales o futuros recortes. Nuestra tarea es hacer efectivo los derechos consagrados», concluyó.
