La Secretaría de Trabajo, tras semanas de dilaciones, homologó la paritaria que el Sindicato de Comercio había acordado con las cámaras empresariales del sector. No hubo modificaciones finalmente en el contenido de la misma.
Libre mercado cuando conviene. Ese parece ser el lema del Gobierno nacional que desregula y libera todo, pero busca pisar los salarios de los trabajadores. Intentó hacerlo con la paritaria de comercio, la más numerosa del país, pero tras demoras finalmente homologó el acuerdo que habían alcanzado la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) en representación de los trabajadores, y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), en representación de los empresarios.
Es un acuerdo trimestral con un 5% de aumento distribuido en forma escalonada:
- 2% Abril
- 1,5% Mayo
- 1,5% Junio
- Pago de un bono extraordinaria de 120 mil pesos
- Contribución empresarial de $28.000 para la obra social.
La homologación se dio tras demoras del Gobierno de convalidar el acuerdo. Los puntos objetados eran el aumento de la cuota solidaria del 2 al 2,5% y la suba del monto destinado a Osecac
En ese marco, Armando Cavalieri, lider de FAECYS, subrayó el carácter consensuado del proceso. “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”, sostuvo el dirigente gremial.
A eso agregó: “Uno de los puntos era el valor de la cuota solidaria, que con la excusa de una modernización se pretendía asfixiar a los sindicatos. La discusión quedó saldada con la medida cautelar que fijó el Juzgado Federal N 2 de San Martin, al suspender la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, dando continuidad a todas las cláusulas convencionales y que establece que las empresas deben mantener la retención y el depósito de las contribuciones solidarias pactadas, fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones gremiales”.
