El Gobierno nacional envió al Congreso -vía Senado- el proyecto de Reforma Política y Electoral con el que busca eliminar las PASO, introducir Ficha Limpia, que impediría presentarse a un cargo a aquellos con condena en segunda instancia y modificar el modo en que se financian los partidos políticos.
El Poder Ejecutivo ya mueve las fichas en el tablero de cara a las elecciones de 2027. En la tarde de este miércoles envió al Senado el proyecto de Reforma Política y Electoral que busca cambiar las reglas de juego de cara a la contienda electoral.
El proyecto, que consta de 78 artículos, comenzará a debatirse en las comisiones donde se pondrán a prueba las alianzas que en el último período el Gobierno estableció con gobernadores y bloques dialoguistas con las cuales sancionó en el último período la Reforma Laboral, los cambios en la ley Penal Juvenil y de la ley de Glaciares.
Los cambios que busca introducir el proyecto son:
Eliminación de las PASO: El Gobierno propone suprimir las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, argumentando que funcionan como una «encuesta cara» pagada por los contribuyentes. De aprobarse, cada partido deberá definir sus candidatos de manera interna. Se vota con ese sistema desde 2011.
Ficha Limpia: Se busca impedir que ciudadanos con condenas judiciales —incluso si no están firmes— puedan presentarse como candidatos a cargos nacionales. Esta medida cuenta con un fuerte respaldo de sectores de la oposición, como el bloque radical, que presentó una iniciativa similar. El Gobierno intentó sancionar este proyecto en 2024, pero no alcanzó los votos necesarios.
Financiamiento de Partidos: La reforma habilita un mayor flujo de financiamiento privado y reduce los espacios de publicidad gratuita en medios de comunicación, un punto que ha despertado críticas en las fuerzas políticas menores por el riesgo de pérdida de visibilidad.
Boleta Única de Papel (BUP): Si bien su implementación ya fue aprobada para las legislativas de 2025, el nuevo proyecto busca ajustar detalles técnicos, como la inclusión de un casillero para «votar lista completa», un pedido recurrente de ciertos sectores para agilizar el sufragio.
El texto establece además requisitos de personería jurídica más estrictos. Los partidos tendrán como fecha límite el 30 de junio de 2027 para cumplir con nuevas exigencias de afiliación, que incluirán un sistema de verificación biométrica para evitar irregularidades en los padrones.
«Se acabó la joda. Los corruptos afuera para siempre y que los políticos dejen de vivir del bolsillo de los argentinos», sentenció el Presidente a través de sus redes sociales al momento de la firma del proyecto.
El desafío en el Congreso
El bloque de Provincias Unidas y sectores del radicalismo ya han manifestado que, si bien coinciden en la necesidad de modernizar el sistema, analizarán con lupa el impacto del nuevo financiamiento privado para evitar la influencia desmedida de grupos económicos en las campañas.
Para el peronismo introduce un desafío en días donde se debate la posibilidad de definir las candidaturas de cara al 2027 con un interna.
