La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Avellaneda, Dra. María Laura Garibaldi, pone en conocimiento de la población, la manifestación de los Defensores nucleados en ADPRA, con relación a la garrafa social, tema que a instancias del trabajo mancomunado junto a la Diputada Nacional Arq. Magdalena Sierra, se ha presentado como proyecto de Ley.
DECLARACION DE ADPRA:
ADHESION AL PROYECTO DE LEY MODIFICANDO LA LEY NACIONAL N° 26.020, QUE DECLARA LA GARRAFA SOCIAL SERVICIO PUBLICO.
La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), integrada por hombres y mujeres que defendemos la plena vigencia de los Derechos Humanos, la Constitución Nacional y el respeto por las Instituciones, reunidos en Plenario Nacional, MANIFESTAMOS nuestra expresa Adhesión al Proyecto de Ley que modifica la Ley Nacional N° 26.020 “Régimen de la Industria y la Comercialización de Gas Licuado de petróleo” a fin de garantizar el precio de referencia de la denominada garrafa social, la efectiva fiscalización y control del Estado y la declaración de la garrafa como Servicio Público.
Entendiendo que la modificación de la norma tiende a favorecer a los sectores de menores recursos y aquellos en que aún no ha llegado el gas natural por redes -espíritu que originariamente contempla la ley- posibilitando mediante diferentes mecanismos la adquisición regular, confiable y económica de la garrafa, como así también a través del tiempo se han instituido diferentes programas con el mismo fin, hoy vemos que la regulación es insuficiente. Se ha reducido el subsidio afectando el costo, con el agravante de acceder a la misma, ya que no se consigue o se paga por ella un precio exorbitante llegando en algunos casos a duplicar su valor.
Vemos con preocupación que el Estado se ha corrido de su rol de control y fiscalización en desmedro de los usuarios.
La declaración de Servicio público, significa proteger los Derechos de todos los argentinos y argentinas frente a las empresas que vulneran los mismos en pos de maximizar sus ganancias.
El Estado debe contar con herramientas y mecanismos para tener injerencia en la regulación de los precios. Debe verificar y penalizar cuando los precios máximos de referencia no son respetados, con el objeto de satisfacer un derecho tan básico como lo el acceso al gas licuado de petróleo a precios justos y razonables.
Consecuentemente, desde ADPRA EXHORTAMOS a los Diputados y Senadores de la Nación a sancionar con fuerza de ley el Proyecto de Modificación de la Ley 26.020.
Prensa Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Avellaneda, Octubre de 2018.-
