Finalmente, tras dos intentos previos sin oferentes, se remató el megacomplejo Estrella del Sur ubicado sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen (Avellaneda) con una construcción paralizada desde hace más de cinco años. El mismo fue vendido en la subasta por 10,5 millones de dólares.
El enorme elefante blanco con una construcción detenida desde 2014, fue subastado por tercera vez encontrando en esta ocasión comprador tras los dos intentos previos infructuosos. Carlos Alberto Dayan se quedó con el predio con una oferta de 10,5 millones de dólares. Los afectados (¿estafados) estiman que el valor de mercado es de 30 millones de dólares.
La totalidad de la obra abarca 100 mil metros cuadrados, con cuatro torres de 27 pisos con 924 departamentos y cocheras con una construcción avanzada. El valor inicial de la subasta determinado por el juez del Tribunal Nacional en lo Comercial Nº 12 Hernán Papa fue de 20 millones de dólares para la primer subasta. En la segunda oportunidad fue de 15 millones, rebajada posteriormente a 10.250.000 millones de dólares y la tercera arrancó desde 8,5 millones elevando el precio tras la puja.
Rodolfo Russo, adherente al fideicomiso y abogado que representó a damnificados, en diálogo con FM Secla 106.1 afirmó que “el perjuicio para los adherentes es gravísimo, si se hace el cálculo de inversión en dólares hoy estaríamos recuperando apenas un 10%. Esto va a terminar siendo un negoción para quien lo compró”.
El complejo Estrella del Sur fue lanzado en el año 2009 anunciado como el proyecto inmobiliario más importante para la zona sur del Conurbano Bonaerense. La política de ventas fue muy agresiva, con precios y formas de pago más accesibles que terminaron con adherentes al fideicomiso defraudados. En el desarrollo participaron Bapro Mandatos, Bainter y la constructora CIESA.
Entre los adherentes afectados plantean la hipótesis de un megafraude planeado desde el comienzo del emprendimiento a parte de una subvaluación de costos, empresas que no cumplieron con sus tareas, un poder político que no reaccionó en busca de una resolución y un Poder Judicial con conductas cuestionables.
Al respecto, Russo apuntó que «el proyecto salió desfinanciado, cuando eso ocurre es porque había ánimos de vender masivamente para provocar los rojos necesarios como para lograr la liquidación. Según un peritaje de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) ya había salido a la venta por un valor 25% más bajo que el Real”.
¿Cómo va a continuar la acción de los adherentes? Russo comentó que algunos adherentes contemplan la posibilidad de avanzar judicialmente con las responsabilidades en la defraudación o negligencia. “Sé que un grupo quiere accionar contra BAPRO y actores del fideicomiso” afirmó.
