Nueva edición de Se Hará Justicia con la conducción de la Dra. Verónica Ottaviano y en esta ocasión con la visita de Mariano Zito fiscal titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 (UFI 4) del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús. Habló sobre su tarea como fiscal abordando las principales problemática.

La Fiscalía a cargo de Mariano Zito tiene a su cargo investigaciones de fuerte impacto en la comunidad local, tales como el combate al narcomenudeo, los casos de violencia institucional y los delitos vinculados al deporte (es la fiscalía especializada en la problemática de las canchas). Asimismo, interviene en causas de violencia contra seres sintientes y animales, así como en delitos contra la propiedad como robos, hurtos y entraderas.

Además de fiscal es docente de Derecho Penal e integra diversas comisiones institucionales, entre ellas la Comisión Interinstitucional del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Avellaneda-Lanús y el Instituto de Formación e Investigación del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires

En el comienzo del diálogo con Verónica Ottaviano destacó: «Hay un aspecto muy valioso en la función del fiscal: es el fiscal de la ley, el representante de la sociedad y, en el ámbito penal, el vengador público. Su rol radica en garantizar la protección constitucional del acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Cuando la víctima o el ciudadano no puede defenderse por sí mismo, aparece el fiscal para apropiarse del conflicto y actuar en representación de toda la comunidad. Cuando esta función es menoscabada por el crimen organizado o por estructuras de poder, la idea misma de justicia se degrada y queda en una posición cada vez más débil para enfrentar estos delitos».

 

 

Verónica Ottaviano: Hablando de la tarea de los fiscales, a raíz de las recientes amenazas sufridas por la fiscal de San Isidro Paula Hertrig sobre quién planeaban atentar , ¿se siente seguro en su trabajo y puede ejercerlo con tranquilidad?

Mariano Zito: En lo que a mí respecta, me siento seguro; tengo un grupo de trabajo donde estoy respaldado. He trabajado con cuestiones sensibles y, para serles muy sinceros, no he tenido amenazas ni situaciones concretas, pese a la complejidad de temas vinculados a las barras bravas de Independiente o de Racing. Sin embargo, me constan situaciones extremas como la ocurrida en San Isidro. Olvidarnos de eso o dejarlo pasar no es correcto para la sociedad. Si tenemos fiscales temerosos de hasta dónde se pueden meter por su vida, tendremos un sistema judicial muy endeble y manipulable. Ahí es donde los poderes ejecutivos y los ministerios de seguridad, tanto de la provincia como de la nación, tienen que salir al respaldo.

Recientemente su fiscalía intervino en la orden de detención de un referente de la barra brava de Racing -Leandro Paredes. por una agresión en plena tribuna durante un partido. ¿Cómo se originó y en qué estado se encuentra esa causa que tomó notoriedad pública?

Todo se inicia por una agresión a golpes comprobada de este individuo, Leandro Paredes, y otras personas contra otro referente del club y su hijo en el medio de un partido que tuvo lugar en febrero pasado. Esto cobró difusión masiva porque quedó filmado y ocurrió a la vista de todos. A partir de una inspección ocular reciente pudimos establecer el trayecto que utilizaron para llegar desde la popular hasta la platea. Si bien por la calificación legal —lesiones leves reiteradas y amenazas en concurso real con amenazas— podría ser excarcelable, Paredes está cumpliendo una condena anterior bajo ejecución condicional solicitada por esta misma fiscalía, por lo que no podía cometer nuevos delitos. Además, la gravedad de hacerlo en el ámbito deportivo y ante las cámaras nacionales, en medio de una platea, mas los otros plateistas. hace que la condena en esta causa deba ser de cumplimiento efectivo. Actualmente hay una orden de detención vigente.

 

¿Esta persona está prófuga o detenida?

Actualmente está prófugo, los abogados pidieron la eximición de prisión. En algunos medios salió que la Fiscalía estaba enojada porque se filtró la orden de detención y es cierto. El día jueves se dictaron las órdenes y, antes de poder entregarlas para efectivizarlas, se filtró por distintas redes vinculadas a programas partidarios y luego a medios nacionales. Hoy puedo confirmar que se formó una causa penal en paralelo para investigar la filtración. Estamos pidiendo a través de una auditoría interna del sistema informático de la Procuración General, que registra con códigos exactos cada trámite y acceso de los usuarios, estamos solicitando un mapeo para determinar quiénes tuvieron acceso privilegiado a esa información.

 

NARCOMENUDEO: «GRAN PARTE DE LAS CÁRCELES DE NUESTRA PROVINCIA ESTÁN POBLADAS POR PERSONAS DETENIDAS POR TEMAS DE NARCOTRÁFICO»

Pasando al tema del narcomenudeo, ¿cómo evalúas la eficacia de la desfederalización en la provincia de Buenos Aires donde estos casos pasaron a quedar bajo la órbita de la Justicia Ordinaria?

El narcomenudeo es un gran problema porque está en las puertas de las escuelas y las plazas. Todo el mundo sabe dónde se vende, se detiene a los vendedores y al poco tiempo hay recambio. El problema es que la justicia ordinaria llega hasta la boca de expendio, pero el circuito se corta en el último eslabón. Antes, el Fuero Federal investigaba hacia arriba en la cadena piramidal del narcotráfico. Hoy la justicia provincial llega al kiosco, pero no tenemos los recursos técnicos ni laboratorios propios —tenemos que recurrir a la Gendarmería para las pericias—, y gran parte de las cárceles provinciales están colapsadas con detenidos por este tema. Además se afronta en una Provincia que no tiene el presupuesto adecuado. Por eso sostengo que se debería devolver la competencia al fuero federal para tener una visión integral del negocio.

Antes hablabas del tema del narcomenudeo y esta desfederalización. Para aquel oyente que nos está escuchando y que quizás no entienda mucho de qué estamos hablando: todo lo que es narcotráfico es competencia de la Justicia Federal, una justicia especializada que tiene X cantidad de recursos asignados para combatirlo a nivel nacional. ¿Qué pasó? Hace unos años se desfederalizó lo que se llama el narcomenudeo, es decir, aquel comercio de droga menor, por llamarlo de alguna forma. Eso sí es competencia de los fiscales, como por ejemplo la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) a cargo del Dr. Zitto. Ahora me pregunto: ¿cuándo decimos que es narcomenudeo y cuál es el límite? En este caso ustedes secuestraron 141 unidades fraccionadas de cocaína. Si había 145, ¿ya no era narcomenudeo? ¿Cuál es el límite por la cantidad? ¿Qué marca la jurisprudencia o la doctrina?

Acá, en este caso, es una cuestión práctica. El límite del narcomenudeo es de alguna forma un número aleatorio o arbitrario que tiene que ver con cierta cantidad de gramaje. Hay que tener en cuenta que a veces con 20 gramos de cocaína te pueden llegar a hacer 50 o hasta 100 dosis; es decir, esos paquetitos de plástico que le llaman «papelitos» en el término de la gente de a pie. Con 20 gramos ya tenés 50 dosis que se venden de a una: ese es el kiosco. Ahora, cuando tenés 150 o 200 gramos, ese kiosquito se está transformando en un mayorista, en un centro de distribución, y ahí ya entrás en lo que son las redes del narcotráfico.

Cuando supera cierta cantidad interviene la Justicia Federal. Acá en Avellaneda, por ejemplo, corresponde al Juzgado Federal de Quilmes, que hay uno solo. Y en Capital a veces interviene el fuero Penal Económico cuando la cantidad excede, ya cuando hablamos de kilos o varias centenas de gramos, o cuando se configura el delito de contrabando.

Cuando se hizo la desferalización, la idea era encontrar lugares entre la Justicia Ordinaria y la Federal para intercambiar información algo que no ocurrió como se esperaba. Con el tema del narcomenudeo —llámese paco, cocaína, marihuana, lo más común de la venta del kiosco de droga que está en la esquina, como diría el vecino de mi barrio—, ese lugar de intercambio de información nunca funcionó. No recibimos información de los federales; también entiendo que sean celosos de ella.

Ahora por el sistema de investigación que tenemos, con la información que poseemos no se distingue la droga ni llegamos a medir la calidad para poder identificar o seguir un rastro hacia quién investigar, porque tampoco tenemos los elementos técnicos. Hoy en día la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, para poder hacer las pericias que determinen si efectivamente es droga y en qué concentración, o si es marihuana y de qué tipo de sustancia se trata, tiene que depender de los organismos federales.

Y debo decir que es lamentable, porque es la provincia más grande del país, la que más aporta a nivel de impuestos federales y la que menos recibe a cambio. Tenemos este flagelo y no contamos con laboratorios propios para sostener esta demanda de casos tan graves.

 

 

Por eso, con respecto a la desfederalización, en mi opinión —habrá colegas que no coincidan— creo que hay que devolver la competencia al sistema federal, porque a nivel provincial no lo estamos pudiendo sostener si, en definitiva, dependemos de las fuerzas federales para que nos hagan la pericia. Les cuento un poco la cocina del show: llamamos a la Gendarmería para que nos dé fecha de pericia para una persona que está detenida por vender drogas en el barrio y, si los juzgados federales dejan un lugar libre, nos meten «de favor» la pericia nuestra, que somos de Provincia. De alguna forma tiene sentido la crítica, porque si nos vamos a ocupar de estos temas deberíamos tener todos los recursos necesarios, y hoy, con las limitaciones presupuestarias, no los tenemos.

Gran parte de las cárceles de nuestra provincia están pobladas de personas detenidas por temas de narcotráfico; el otro día decían que se ubica entre un 30% y un 40%. Esto representa un costo muy alto que hoy se está analizando.

Si analizamos este intercambio que no se dio y no fluyó, preguntémonos cuánto hace que no vemos en los titulares que se desbarató una banda de narcotraficantes en el Conurbano, o en el Aeropuerto de Ezeiza con pianos con cocaína o drogas sintéticas. ¿Cuánto hace que no se ve eso? Creo que en gran parte se debe a que, desde el kiosco, se podía hacer el seguimiento de quién era el proveedor, y de ese proveedor llegar a quien le proporcionaba la sustancia, como digo siempre en la facultad.»

Muchos vecinos saben dónde se vende droga pero temen acudir a la policía por supuesta complicidad. ¿De qué otra manera se puede denunciar de forma segura?

Existen vías alternativas para no exponerse. Los vecinos de Avellaneda pueden acercarse directamente a la oficina de denuncias en la planta baja de avenida Mitre 2615 en Sarandí, o al primer piso en la Fiscalía 4, donde buscamos la mejor forma de encarar la denuncia. También está disponible la Aplicación Ciudadana para reportar datos de forma anónima o el teléfono 911. Cuando hay sospechas sobre las fuerzas locales, canalizamos la investigación a través de Gendarmería o Prefectura, implementando medidas como compradores previos encubiertos para recolectar las pruebas necesarias sin poner en riesgo al vecino.

La denuncia anónima en este tipo de casos circula y nosotros, cuando la recibimos, la enviamos. Si se menciona a la Policía Bonaerense, a la policía del distrito, o a la Prefectura… porque acá en Avellaneda, como somos limítrofes con la Ciudad Autónoma —con dos estados dentro del país—, actúan en nuestro ámbito la Prefectura Naval y la Gendarmería. Si ven que alguna de estas fuerzas está involucrada con alguno de estos vendedores o kiosqueros de la droga, pueden ir por la vía anónima y manifestar que tal fuerza está involucrada o que al menos pasan y no hacen nada.

Nosotros lo que hacemos es buscar la vía de los que llamamos «compradores previos», indagando sobre cómo comprobar la situación. Uno dice comprador previo y se pregunta de qué se está hablando: se envía a una fuerza de investigaciones vestida de civil, que se queda dando vueltas para constatar si ven a alguien comprar droga. Consiguen dos testimonios de ese tipo y con eso alcanza para poder allanar, ir a buscar los elementos de prueba y detener a quienes están marcados como vendedores.

 

Sacamos el tema de la Ley Penal Juvenil y no tenemos recursos como para decir: «Bueno, ¿qué hacemos con estos chicos que detenemos?». La ley habla de toda una justicia restaurativa y demás que, evidentemente, no cuenta con demasiados recursos; eso está a la vista, la provincia de Buenos Aires no los tiene. Sacamos el tema, desfederalizamos el narcomenudeo y tampoco le damos recursos a las fiscalías como para poder ejercer toda la cuestión técnica y que efectivamente se haga cargo la Provincia. Sacamos la Ley de Salud Mental y dejamos huérfanos a los pacientes… Es un tema que me parece que tendríamos que cuestionarnos como sociedad: no solo pedir, sino también pedir presupuesto y entender que las cosas no se hacen sin dinero ni sin una partida presupuestaria.

Exacto. Es muy bueno ese punto porque hay una realidad que siempre es elocuente y a veces ni siquiera se termina hablando: en los cuatro años de gestión de un gobernador o de un presidente, dos son de elecciones. Tienen cuatro años de gestión real, pero los primeros dos se los pasan conociendo la gestión. Y cuando te querés acordar y terminaste de hacerle entender al interlocutor del gobierno de turno cuál es el problema, viene otro.

Ese es un problema estructural que tiene el sistema judicial, el sistema de salud y demás: nunca terminamos de hablar de los temas que realmente necesita la gente. Y vuelvo a decir lo mismo que digo siempre en la fiscalía: tratemos de darle bola a la víctima, a la gente de a pie, que es justamente la que no tiene a nadie que pida por ella.

En todo lo que es tu actuación como fiscal, ¿ves un gran porcentaje de menores involucrados? Tu fiscalía no es especializada en el tema de Responsabilidad Penal Juvenil, pero ¿te ha pasado de ver entraderas, robos u otros delitos cometidos por jóvenes? ¿Ven a muchos menores o es la minoría?

—A ver, no tengo la estadística exacta, pero sí te puedo decir esto: cuando nos llaman para consultar por un hecho donde hay un mayor junto a un menor, nos notifican a nosotros. Hasta hace poco, si el mayor delinquía junto a un joven de entre 16 y 17 años, todo el proceso —mayor incluido— pasaba al fuero de menores. Ahora, en esa franja se agregaron también los de 14 y 15 años; es decir, si un mayor va a cometer un delito con un menor de 14, 15, 16 o 17 años, todo el caso, incluidos los mayores, pasa a la fiscalía de menores.

Sin embargo, no representa un gran porcentaje: puede estar en torno al 5% o 10% en general. Pero también tengamos en cuenta que las estructuras de las fiscalías de menores son muy chiquitas, por lo que la carga se siente. Pasa lo de la cobija corta: te tapás hasta los hombros y se te destapan los pies, te tapás los pies y te enfriás el pecho. Esta es la realidad de las fiscalías actualmente.

Son apenas tres fiscalías de tres personas cada una. Y esto sí es un problema que vuelve a tocar a la estructura política: cuando se crearon este año las fiscalías de menores acá en Avellaneda, el personal que pasó a conformarlas se sacó de las fiscalías de mayores. Es decir, se le restaron recursos a donde ya no había, simplemente porque había que ponerlas en marcha.

No se programa ni se estudia adecuadamente el sistema. Las fiscalías de género, de delitos institucionales y el resto de las fiscalías ordinarias tienen serios problemas. Claramente los recursos son escasos: acá en Provincia tenés 10 personas por fiscalía, cuando en un fuero federal tenés 40. Y de esas acotadas 10 personas hubo que sacar gente para crear las de menores.

Hay un serio problema estructural de cómo se organiza el fuero y de cómo se van a encarar estas cuestiones. Lo más importante no va solo en la cantidad de casos, sino en la dedicación y en lo que realmente hay que hacer por estos chicos: a esa edad no es lo mismo un pibe de 14 años que uno de 17.

EL MALTRATO ANIMAL: ¿CUÁL ES EL TRABAJO DE LA FISCALÍA?

Tu fiscalía también está especializada en delitos contra seres sintientes. Me resulta curioso cómo conviven las normativas: el Código Civil todavía entiende que las mascotas o animales son cosas con un dueño, pero por otro lado el derecho penal los reconoce y sanciona los delitos contra su integridad.

Así es. Es lo referente a las torturas y maltratos a animales —la denominada Ley Sarmiento y sus modificaciones— que contempla todo tipo de crueldad. Y lamentablemente hay muchísimos casos; es otro gran problema.

Asignar competencias específicas está bueno porque permite reconocer el conflicto, evaluar qué tenés y qué te falta para resolverlo. Muchas veces las situaciones se confunden: recibimos denuncias del vecino de enfrente que dice que un perro muerde o es peligroso. Esa área no nos corresponde a nosotros, aunque igual les damos intervención o buscamos canalizar la necesidad del vecino. Pero también hay muchísimo maltrato y abandono real. En verano hemos rescatado mascotas a las que dejan encerradas en la terraza con poca agua, a pleno sol, mientras los dueños se van a la Costa. Eso es un delito. Y en casos aprehendidos en flagrancia hubo detenidos; mucha gente no sabe que, si se atrapa a alguien en el momento maltratando a una mascota, se lo detiene.

Pasó también con equinos en estado de maltrato, donde se los logra recuperar. Los caballos tienen la ventaja de que hay campos y agrupaciones proteccionistas con espacio suficiente; el problema principal lo tenemos hoy con los perros. Los rescatistas ya no tienen cupo y se está analizando crear un registro de adoptantes. A veces bromeo con que nos vamos a transformar en un juzgado de familia de mascotas, pero es un reflejo de un problema social.

Aun así, reconozco que se avanzó un montón: hoy las mascotas son parte de nuestra familia. Como me dijo mi psicólogo cuando adopté a mi mascota —que hoy tiene 8 años y se llama Quino, como el papá de Mafalda—: «Va a ser el único ser en el planeta que te va a esperar por quién sos y se va a poner feliz solo por verte». Y es tal cual. Por eso entiendo a la gente y los invito a acercarse a la fiscalía si ven algo atroz. El derecho se puso a tono: hoy le puedo pedir al juez de garantías que declare a la mascota sujeto de derecho y víctima dentro del proceso. Ya no es una cosa ni un objeto.

—Tengo entendido que cualquier persona que presencie un maltrato animal tiene la obligación de denunciarlo, ¿no?

—Sí, es obligación, como ocurre con cualquier delito que se cometa delante de uno, porque de lo contrario habría encubrimiento. El tema es que con los animales muchas veces no se denuncia por miedo. En algunos barrios de Avellaneda ocurre que quien tiene a la mascota es una persona pesada, vinculada al narcomenudeo u otros delitos. Nos ha pasado ver a vendedores de droga que tienen criaderos clandestinos, explotando a las perras para vender cachorros de raza en condiciones pésimas. Eso es maltrato.

Yo siempre aclaro: soy abogado; quien determina técnicamente si hay maltrato es Zoonosis o un veterinario convocado a la causa. A veces nos presentan videos de cómo golpean a los animalitos y te quiebra, por la indefensión absoluta que tienen. En esos casos buscamos rescatarlos, pero el cuello de botella es que no siempre tenemos dónde alojarlos. Igual le buscamos la vuelta; no hay nada más lindo que rescatar a un animal y encontrarle una familia.

—Hubo casos extremos que salieron en las noticias, como cuando una fiscalía de otro departamento judicial imputó al dueño de unos peces por no tener la pecera en condiciones, provocándoles la muerte. ¿Existe un límite ahí?

—La ley habla de maltrato animal en términos generales. Técnicamente, si no los tenías en un lugar adecuado y se murieron, ese descuido llevó al extremo del maltrato. Lo que pasa es que uno suele dimensionar a los peces como algo chiquito en comparación con un perro, pero la letra de la ley abarca a las especies en general.

Ahí entra a jugar el criterio del funcionario: la justicia es humana y por eso es falible. Lo que un fiscal considera conveniente para resolver un caso puede diferir de la posición de otro. Por eso digo que el Poder Judicial suele ser el más antipático de todos: cuando le das la razón a una parte, la otra siente que la justicia no sirve; la mitad de la sociedad siempre queda disconforme. Es cuestión de puntos de vista y en la discrepancia se aprende. Habría que ver el contexto exacto de lo que ocurrió con los peces: quizás el colega se fue un poco de mambo, o quizás aplicó estrictamente lo que la ley exige.