Denunciaron a Sandra Arroyo Salgado «por mal desempeño»

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado fue denunciada por «mal desempeño» por los consejeros Vanesa Siley y Mariano Recalde. La causa tiene cinco detenidos, Alesia Abaigar recibió este viernes la prisión domiciliaria. El PJ caracterizó este presente como «terrorismo de baja intensidad».


 

Por Leonardo Martín

La jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por «mal desempeño» por Vanesa Siley y Mariano Recalde, ambos consejeros, en el organismo que controla a los integrantes del Poder Judicial. La acusan de un «uso desproporcionado del aparato judicial» en la causa que tiene cinco militantes del peronismo detenidas en la causa que investiga la colocación de un pasacalle y bolsas de excrementos en la puerta de la casa de José Luis Espert.

«La Sra. Jueza Arroyo Salgado detuvo y mantuvo incomunicadas a siete personas, encontrándose detenidas en la actualidad cinco personas por su supuesta participación o vinculación, aún no probada, con un hecho consistente en la instalación de un pasacalle y arrojar excremento en una vereda», escribieron en la denuncia Siley y Recalde.

Calificaron la actuación de la jueza como «maniobras de amedrentamiento y disciplinamiento social al servicio de los intereses políticos del Gobierno nacional» en un episodio que «no puede configurar más que una infracción municipal».

El episodio en el domicilio de Espert se produjo el 17 de junio pasado siendo detenida Alesia Abaigar el 25 de junio donde fue derivada a la prisión federal de Ezeiza. Este viernes 4 de julio le otorgaron la prisión domiciliaria con una tobillera.

También como parte de la causa, Arroyo Salgado, ordenó allanamientos de domicilios y de la Municipalidad de Quilmes sumando cuatro detenciones: la de Eva Mieri, presidenta del bloque de Concejales de Unión por la Patria en Quilmes; Candelaria Montes militante de La Cámpora en Escobar; Aldana Muzzi e Iván Díaz Bianchi. Todos fueron enviados al penal de Ezeiza.

Sobre la denuncia presentada por Siley y Recalde agregaron: «Adviértase que no se trata de una discrepancia con la decisión de la jueza o una intromisión en su actividad jurisdiccional, sino que se denuncia el avasallamiento, mediante la función pública constitucional que detenta, de libertades individuales como la libre expresión de ideas y de protesta y el pleno ejercicio de los derechos políticos (arts. 14, 32 y 37 CN y tratados internacionales), y la violación de  garantías constitucionales como el derecho de defensa de las detenidas».

Daniel Llermanos, abogado defensor de Alesia Abaigar, expresó en declaraciones radiales: «Esta causa es un conjunto de errores. El primer error fue haber ordenado las detenciones con allanamientos muy violentos cuando bastaba con una citación. No es un delito grave. Es una contravención que está tipificada en el Código Contravencional de San Isidro por lo cual no debería intervenir la Justicia Federal».

«Dictar un auto de detención en hechos jurídicos inexistentes como que esto pone en riesgo la tranquilidad pública o es una amenaza contra Espert», agregó.

 

PARTIDO JUSTICIALISTA: «NUESTRO PAÍS ATRAVIESA UN PERÍODO DE TERRORISMO DE BAJA INTENSIDAD»

En el marco de las detenciones, desde Partido Justicialista caracterizaron el actual momento político como una etapa de «terrorismo de baja intensidad» que es «impulsada por el gobierno de Javier Milei y el poder económico; que utilizan la mafia judicial, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad para desplegar de represión y persecución política».

En el comunicado recordaron la situación que atraviesa Cristina Kirchner que «atraviesa una prisión injusta que es el caso más grave y resonante de este persecución que denunciamos».

Denunciaron la «violación permanente del estado de derecho y las garantías constitucionales» exigiendo «la liberación de los militantes políticos ilegalmente privados de su libertad y se investiguen penalmente los abusos e irregularidades cometidos por la jueza Arroyo Salgado».

 

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