Por unanimidad, el máximo tribunal anuló los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023. Las empresas de medicina privada ya no podrán aplicar subas libres y deberán volver a pedir autorización previa a la Superintendencia de Servicios de Salud.


En un pronunciamiento de alto impacto institucional y económico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este jueves la inconstitucionalidad de los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que habían liberado los aranceles de la medicina prepaga. Con esta resolución, el máximo tribunal restituyó plenamente las facultades regulatorias del Estado sobre los valores de los planes de salud privados.

La sentencia fue firmada de manera unánime por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En sus fundamentos, los magistrados señalaron que «no basta con invocar una emergencia genérica» para desarmar por decreto los controles establecidos por ley, advirtiendo que el Poder Ejecutivo no demostró una necesidad ni urgencia concreta para eliminar la fiscalización estatal sobre un derecho esencial.

El fallo —que representa la primera declaración de inconstitucionalidad de la Corte sobre tramos del DNU 70/2023— modifica de raíz el esquema de actualizaciones que regía desde fines de 2023 y establece pautas precisas:

  • Vuelta de la autorización previa: La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, recupera las atribuciones previstas en la Ley 26.682 para revisar, fiscalizar y autorizar cada incremento antes de que sea trasladado a los usuarios.

  • Revisión por costos y no por inflación automática: La Corte revocó el tramo de la sentencia previa de la Cámara Federal de La Plata que ataba las cuotas de forma automática al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En su lugar, ordenó que los aumentos se evalúen mediante los mecanismos legales vigentes: análisis de estructura de costos y cálculo actuarial.

  • Alcance acotado: El tribunal aclaró expresamente que la invalidez recae únicamente sobre los artículos 267 y 269, sin emitir opinión ni juzgar la constitucionalidad del resto del decreto presidencial.

El caso testigo y el efecto dominó en los tribunales

La causa que llegó al máximo tribunal se originó en los tribunales federales de La Plata a partir de un amparo presentado por María del Carmen Bobbio, afiliada de Swiss Medical. Según consta en el expediente, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 su cuota saltó de $136.161,21 a $301.218,02 —una suba acumulada del 110%—, cuando bajo el esquema regulatorio anterior el ajuste previsto para enero de 2024 habría sido del 6,26%.

Más allá de resolver la situación particular de la demandante tras las apelaciones tanto de la empresa como del Estado Nacional, la decisión sienta un precedente vinculante para el sistema judicial:

  • Impacto directo en causas en trámite: La Corte tiene actualmente alrededor de 500 expedientes análogos pendientes de resolución que seguirán el mismo criterio.

  • Reclamos por restitución: Especialistas en derecho a la salud destacaron que la sentencia allana el camino para cientos de amparos colectivos e individuales en todo el país, así como para las demandas de afiliados que ya abonaron cuotas desreguladas y reclaman la devolución o acreditación de las diferencias pagadas de más.