La jueza Marta Elba Pascual, al frente del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, dictó una medida cautelar que suspende por 60 días la aplicación de la norma aprobada por el Congreso Nacional y que entró en vigencia este lunes, la cual reduce, entre otros aspectos, reduce la edad de punibilidad a los 14 años.

Una decisión judicial paralizó de forma preventiva la entrada en vigor de la Ley 27.801 en territorio bonaerense. La Justicia de Lomas de Zamora hizo lugar a un planteo colectivo que advierte sobre el colapso del sistema de encierro y la falta de infraestructura para albergar a menores de entre 14 y 17 años.

La resolución responde a un habeas corpus preventivo colectivo impulsado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, entidad ligada a la Iglesia y a los curas villeros. En el escrito presentado ante la Justicia, la organización argumentó que la provincia de Buenos Aires no cuenta con la infraestructura edilicia, el presupuesto ni el personal capacitado para absorber el previsible incremento de detenciones de adolescentes.

En sus fundamentos, la magistrada apeló al principio precautorio en materia de derechos de la infancia, advirtiendo sobre un riesgo inminente de hacinamiento y tratos crueles si la ley entra en vigencia sin la adecuada adaptación del sistema penal juvenil. Según fuentes judiciales, los centros socioeducativos de régimen cerrado bonaerenses se encuentran actualmente cerca del límite de su capacidad operativa.

Para evaluar la situación de fondo, el juzgado citó a una audiencia clave a las autoridades del Poder Ejecutivo provincial. En ese encuentro, los ministerios pertinentes deberán presentar un informe detallado sobre el plan de contingencia, los recursos asignados y la capacidad real de alojamiento e inclusión socioeducativa con la que cuenta la jurisdicción.

La decisión generó de inmediato repercusiones en los tribunales bonaerenses. Mientras que las organizaciones de derechos humanos y los colectivos de niñez celebraron la resolución como un freno al encarcelamiento temprano, sectores judiciales analizan el impacto territorial del fallo. Al tratarse de una medida dictada por un juzgado de primera instancia en Lomas de Zamora, se debate si el alcance suspensivo se extenderá de forma homogénea a todos los departamentos judiciales de la provincia o si derivará en apelaciones por parte de las fiscalías y el Ejecutivo.

Desde el gobierno provincial remarcan que la implementación de la ley nacional requiere de una partida presupuestaria extraordinaria y de tiempo para adecuar los dispositivos de contención, reafirmando que sin un abordaje integral la baja de la imputabilidad no resolverá los problemas de seguridad en el conurbano.