Facundo Mancebo -defensor del Pueblo de Lanús- y Walter Martello -defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Buenos Aires- se reunieron este miércoles para analizar y pensar políticas que permitan la protección de los derechos de menores y adolescentes en los entornos digitales.
El Defensor del Pueblo de Lanús, Facundo Mancebo y también vicepresidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), mantuvo un encuentro de trabajo con el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, con el objetivo de analizar los desafíos que plantea la era digital en la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
En la reunión se abordaron los riesgos derivados del uso intensivo de las tecnologías digitales, desde su impacto en la salud mental hasta los sesgos algorítmicos, y se remarcó la urgencia de fortalecer marcos regulatorios preventivos que acompañen el acelerado desarrollo tecnológico desde una perspectiva de derechos.
El intercambio permitió reflexionar sobre cómo las nuevas tecnologías están reconfigurando los procesos de socialización, aprendizaje, consumo de información y construcción de subjetividades en las infancias y adolescencias, generando nuevas desigualdades y formas de vulneración de derechos que requieren respuestas públicas activas.
En ese marco, se analizó especialmente la expansión del uso de sistemas basados en inteligencia artificial en entornos educativos, plataformas digitales, redes sociales y aplicaciones de entretenimiento, y el impacto que estas herramientas producen cuando los usuarios son menores de edad.
Asimismo, se destacó la necesidad de que el Estado, los organismos de control y las instituciones de defensa de derechos asuman un rol protagónico en la anticipación de respuestas regulatorias, preventivas y pedagógicas, en línea con el trabajo que viene desarrollando la Defensoría del Pueblo bonaerense.
Finalmente, ambos funcionarios coincidieron en la preocupación por la recolección masiva de datos personales, la ausencia de controles claros y eficaces y la falta de regulaciones específicas cuando los entornos digitales involucran a niños, niñas y adolescentes, subrayando la importancia de impulsar políticas públicas que garanticen una ciudadanía digital responsable, inclusiva y con enfoque de derechos
