La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un duro protocolo antipiquete que incluye penas de prisión, cobro de gastos a las organizaciones por la acción de las fuerzas de seguridad y la intervención de las cuatro fuerzas federales. “Si se toma la calle va a haber consecuencias”, advirtió. Desde organizaciones sociales y políticas le respondieron que la protesta es un derecho constitucional.

La medida se da en un contexto de pronunciado deterioro social donde es previsible que se multipliquen las protestas a partir del alza de pobres e indigentes y una suba del desempleo. La respuesta ante este escenario es responder con el código penal, la criminalización de la protesta y persecución a dirigentes y organizaciones.

En la comunicación de las medidas que dio este jueves por la tarde desde la cartera de Seguridad también adelantó que serán convocadas “las cuatra fuerzas federales” para implementar el protocolo antipiquete” teniendo además la potestad de intervenir “si hay un delito flagrante” con los “códigos procesales vigentes” que utilizarán “la mínima fuerza necesaria y suficiente”, la cual será “graduada en proporción a la resistencia” que se oponga.

“Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple”, afirmó Bullrich

Ante los cortes las fuerzas “van a actuar hasta que quede totalmente liberado el espacio de circulación” y apuntando que “serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos”, añadió, y resaltó que “se van a identificar a los conductores y a los vehículos utilizados”.

La funcionaria agregó que “se va a trabajar” en las estaciones de tren y ante aquellas personas que “vayan con palos, caras tapadas o formas de participar de una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas e seguridad”.

“En el caos de participación de niños y adolescentes se le va a dar aviso a la autoridad competente y se procederá a dar sanciones aquellos que lleven niños para que no estén en las manifestaciones cuando tienen que estar en la escuela”, destacó.

“El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se deberán hacer cargos del costo”, sostuvo.

LAS RESPUESTAS DE LAS ORGANIZACIONES Y DIRIGENTES

Diferentes organizaciones políticas y sociales salieron rápidamente al cruce de las medidas propuestas por Patricia Bullrich. Entre ellos Enrique Belliboni, referente del Polo Obrero, que tiene planificadas movidas callejeras para el día 20 de diciembre.

“Son amenazas que se corresponden con la gravedad de los anuncios económicos que han hecho Caputo y Milei. Son amenazas contra una población que inevitablemente va a protestar y querer rechazar la barbarie económica de los que menos tienen”, expresó Belliboni.

“Frente a un plan de guerra contra los trabajadores sale un brazo armado que es Patricia Bullrich. Mucho de lo que dijo es ilegal, otras son obviedades”, agregó.

“El 20 de diciembre va a haber 50 mil personas en la calle y lo que hace la Ministra es amenazar para que vaya menos gente. Hace una serie de aseveraciones que son totalmente disparatadas. ´No vamos a tomar en cuenta vías alternativas´ eso lo dice la ley y las resoluciones de muchos fallos. ´No vamos a dejar que las madres vayan con los chicos, la patria potestad y el derecho a protestar existe en la Argentina”, fustigó el referente del Polo Obrero.

Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional también criticó duramente a Bullrich: “Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la Policía, ni la Justicia. Los debe resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos”.

“Esta medida está orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos”, concluyó.

El sindicato precisó que el ejercicio del derecho constitucional de huelga está amparado por tratados internacionales de Derechos Humanos de los cuales Argentina es parte. Se trata del artículo 14, artículo 14 bis y el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional.