El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial el decreto de Necesidad y Urgencia por el cual entra en vigencia el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio, y crea «una Procuraduría» con facultades de investigar delitos contra el patrimonio público, narcotráfico y crimen organizado.
El decreto, que el presidente Mauricio Macri anunció ayer, crea «una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos» previstos en el régimen, como los relacionados con el patrimonio público, el narcotráfico y el crimen organizado.
Firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros del gabinete nacional, el decreto 62/2019, en sus considerandos, señala que «el fenómeno de la corrupción implica un perjuicio estructural y sistemático al patrimonio y los recursos del Estado, provocando una afectación a la igualdad de las cargas públicas y generando un enorme costo para la operación eficaz del Estado, a la vez que daña el tejido social y desincentiva el cumplimiento de la ley».
Además, justificó la aplicación del régimen por decreto al asegurar que «la corrupción y los delitos contra la Administración Pública, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás delitos graves afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas para el Estado, en todas sus dimensiones, que, en definitiva, resultan en mayores costos para los ciudadanos».
En el decreto se hace constar que la «extinción de dominio» había sido remitida en el 2016 al Congreso, en un proyecto de ley, y «lleva así más de dos años de trámite legislativo sin resolución, por lo que urge otorgar a la Justicia herramientas eficaces para desfinanciar a las organizaciones criminales y resguardar el patrimonio estatal».
Al dictar la norma, el Poder Ejecutivo argumenta que «el Estado debe contar con herramientas consistentes, prácticas y eficaces de política criminal, tanto de carácter penal como de carácter no penal, para luchar de manera integral contra el flagelo del crimen organizado».
«El enfrentamiento a los grupos criminales complejos implica una serie de desafíos que están dados por la magnitud de los recursos que manejan, su grado de organización y sofisticación, lo que hace necesario abordar este flagelo desde diversas perspectivas», remarca el decreto.
Además, como antecedente, apunta que el país, mediante la ley 25.632, aprobó la Convención Internacional contra la delincuencia organizada transnaciona, donde los Estados parte acuerdan mecanismos de cooperación y herramientas para el recupero de los bienes y otros beneficios derivados del producto del delito.
El decreto persigue proveer al Ministerio Público Fiscal de instrumentos jurídicos «idóneos para lograr de manera eficaz, la intervención del Estado con el objeto de obtener la extinción del dominio a su favor del dinero, cosas, bienes, derechos u otros activos, ganancia, provecho directo o indirecto que se hubiera obtenido de manera injustificada, provocando un enriquecimiento sin causa lícita».
En esa dirección, se propone dotar al Ministerio Público de «herramientas concretas para llevar adelante juicios contradictorios, donde quienes sean acusados de la comisión de los delitos enumerados en la presente norma, sean sometidos a una investigación con el objeto de determinar si su patrimonio o parte de él está constituido por causa ilícita, y tengan su derecho de defensa preservado conforme lo establece la Constitución».
Enfatiza que «el derecho de propiedad establecido en el artículo 17 de la Constitucional admite un adecuado régimen de restricciones y límites que atañen a su esencia, máxime cuando este derecho es ejercido en forma irregular».
LAS CRÍTICAS DESDE DIVERSOS SECTORES POLÍTICOS
El decreto firmado por Mauricio Macri ha generado numerosas críticas en dirigentes opositores y constitucionalistas. Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, en declaraciones a Radio Gráfica expresó calificó al decreto como «insconstitucional». Aseguró que este DNU “no pasa minimamente ese control de legalidad porque el artículo 99 inciso 3º dice que ´El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo` y tampoco se acredita ninguna situación de necesidad y urgencia cuando el tema está siendo tratado en el Congreso Nacional”.
“Esto es un derrumbe institucional tanto por el procedimiento que es una usurpación de las potestades del Congreso Nacional como por el contenido que es groseramente inconstitucional, carece de toda racionabilidad e ingresa en materia penal porque la confiscación de bienes está regulada en el procedimiento penal” evaluó Barcesat.
Por su lado, el senador Miguel Angel Pichetto expresó en su cuenta de Twitter, «Atento a la importancia de la ley de extinción de dominio habría que haber agotado todos los esfuerzos para que se tratara en la Cámara de Diputados, donde Cambiemos es el bloque mayoritario. El Senado había sancionado una buena ley».
La diputada del Frente Renovador Graciela Caamaño también apuntó contra el decreto advirtiendo su inconstitucionalidad.
«Al tratarse como un DNU, ha dejado un resquicio muy importante para que tengamos inconvenientes. Vamos a insistir con nuestro proyecto para que tengamos una ley como corresponde y que no haya cuestionamientos de inconstitucionalidad«, aseveró la legisladora massista en una entrevista con radio La Red.
