TARIFAZOS / Una discusión cada día más ardua

 

Por LEONARDO MARTÍN

La acumulación de tarifazos de los servicios públicos comienzan a generar un problema político cada vez más grande al Gobierno nacional. Las críticas le llegan desde diferentes ángulos, algunos que ya vienen marcando el rechazo a estas políticas, pero también se han sumado en las últimas semanas disparos de sus aliados. En medio de ello, manifestaciones callejeras masivas, ruidazos, convocatorias a apagar los artefactos eléctricos por una hora, una sesión especial en la Cámara de Diputados que se levantó por falta de quórum y una que se intenta llevar adelante el próximo miércoles.

El problema político es importante porque los tarifazos comienzan a sentirse muy fuerte en el bolsillo. Afecta a la economía doméstica de millones de hogares y repercute también en comercios, pymes y cooperativas en el que los costos ya no empiezan a cerrar. Imposible trasladar a precios la totalidad de los tarifazos cuando hay un mercado interno estancado y cuando en el caso de las producción enfrenta un crecimiento exponencial de las importaciones. En este camino muchos no tendrán otra opción que bajar las persianas y con ello despedir trabajadores.

De parte del Gobierno en ningún momento se planteó retroceder o aminorar la marcha de los tarifazos. Al menos hasta ahora. La única propuesta fue financiar el pago de las facturas en cuotas, pero dichoso usuario puede quedarse usted tranquilo que prometen que será con una tasa de interés baja. Serán tres cuotas bimestrales para todas las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre, que se harán efectivas en los tres bimestres de menor consumo.

El argumento de los funcionarios del Gobierno nacional es que no se puede seguir subsidiando a los servicios públicos. Esbozan que es necesario bajar el déficit fiscal, que “hay que pagar lo que vale cada servicio” mientras el ministro de Energía Juan José Aranguren mira implacable su Excel donde estaban planificados los aumentos pasados y los que vendrán. Aún queda uno en octubre de 2018 y dos para el 2019 para terminar con la senda distorsiva – en su visión- de los subsidios. Quizás la política se imponga al frío archivo de Excel y tenga que recalcular algunos aumentos programados. El malestar y la bronca social es creciente y en 2019 Mauricio Macri se jugará la reelección con una imagen que desde diciembre pasado viene en caída. 

Desde una mirada crítica señalan que mientras se subieron tarifas por encima del 1000%, en algunos casos largamente, se avanzó en la quita de retenciones a ciertos productos del agro, la rebaja progresiva de retenciones a la soja y también a la minería. Es decir, transferencia de recursos de un sector de la sociedad a otro.

 

Elisa Carrió es una férrea guardiana del Gobierno nacional, pero no come vidrio. Cuando la mano viene muy torcida se despega para intentar que la marea no la arrastre. Pasó cuando se intentó un cambio en la fórmula de los haberes jubilatorios en 2017, también cuando Macri estuvo a punto de firmar un decreto con Reforma Previsional en los álgidos días de diciembre. Siempre con su cuenta de Twitter dispuestas para lanzar dardos a opositores, pero cada tanto también para sus aliados en el Poder Ejecutivo. 

La UCR – el socio menor de la alianza oficial- también disparó contra fuertes aumentos con un documento que busca modificar los últimos tarifazos y moderarlos de cara al futuro.

Con un video grabado desde Vaca Muerta pidió a provincias y municipios eliminar los impuestos a los servicios públicos, y a los usuarios reducir el consumo. Ni una mención a la rentabilidad de las empresas que han tenido sustanciales mejoras en sus balances por un servicio que poco ha mejorado y con promesas de inversión que aún son deudas. Los masivos cortes de energía en el verano son una muestra. 

La energía no es gratis, tiene un costo. Los subsidios al gas y a la electricidad los pagamos todos con más inflación y deuda“, afirmó el mandatario. “Para cubrir subsidios nos teníamos que endeudar. El otro camino era hacer un shock de ajuste, pero elegimos el gradualismo, y para eso todos tenemos que hacer un esfuerzo en ese camino que empezamos“, sostuvo.

El mensaje descargó sobre provincias y municipios la baja de impuestos en un contexto donde la gran mayoría tiene las cuentas al límite. Es decir, pide un esfuerzo que no están en condiciones de hacer sin generar un ajuste con el impacto social que conlleva.

A tono con el pedido presidencial la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal llamó a una conferencia de prensa donde anunció una rebaja impositiva para los servicios públicos. Según sus palabras  en promedio la reducción en la factura de luz será del 15,5%, del 6,3% en la tarifa del gas y el 6,2% en la boleta del agua. La reducción impositiva sería del orden de los 3000 millones de pesos.

A diferencia del resto de las provincias, María Eugenia Vidal puede tomar una medida de esas características porque tras lo que fue la sanción de la Reforma Previsional y la firma del Pacto Fiscal recuperó 40 mil millones de pesos para este año y recursos frescos para los siguientes. Una inyección de dinero como parte de la compensación por el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano que llevaba más de quince años con un monto paralizado. La Gobernación cuenta con un presupuesto que ha mejorado, quizás no para la negociación con los docentes, pero sí para salvaguardar la rentabilidad de las empresas que brindan servicios públicos.

A contramano del Excel de Aranguren, el senador de Cambiemos Federico Pinedo anunció, aún no se sabe si a título personal o en nombre de su partido, que “este es el último aumento de tarifas que hay. Después seguirá aumentando con la inflación como cualquier precio“. El correr de las semanas dirá que tan verdadera es esa definición. Hasta ahora se la ve improbable.

EL CAMINO PARLAMENTARIO

La semana pasada  hubo un intento de diputados de la oposición de convocar a una Sesión Especial en la Cámara de Diputados para tratar el tema de los tarifazos. Fracasó por no haber alcanzado el quórum necesario que es de 129 diputados, en una jornada donde el tristemente pintoresco salteño Alfredo Olmedo se levantó a tiempo para evitar que se sesione.

La banca del Frente para la Victoria presentó un proyecto para retrotraer las tarifas a mayo de 2017 congelándolas hasta diciembre de 2019. Las bancas del PJ y Frente Renovador plantean que los aumentos sigan el ritmo de la inflación buscando lograr esta semana bajar la discusión al recinto.

La disputa está abierta con un Gobierno que no piensa retroceder en los aumentos, una oposición que buscará maniobrar en el Congreso. Mientras tanto, siguen llegando a las casas, a los comercios, pymes y cooperativas facturas cada vez más difíciles de afrontar en un camino cada vez más cuesta arriba.

 

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