Una veintena de personas ingresaron con armas blancas amenazando al personal y con la intención de llegar al juez Nicolás Schiavo. No hubo heridos. La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires denunció las malas condiciones edilicias y de seguridad en los juzgados bonaerenses. Reclaman medidas.
La sede del Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial San Martín fue atacada este jueves por un grupo de 20 personas que portaban armas blancas y que pusieron en serio riesgo la vida de trabajadores y funcionarios judiciales. Fue en el marco de una causa donde el Juzgado habría librado una orden de detención como parte de una investigación que lleva adelante.
Una situación alarmante. En las puertas del Juzgado un grupo de personas realizaba una protesta que derivó en un ataque al despacho de uno de los tribunales de una veintena de personas portando armas blancas según testimonios. El mismo está a cargo del Dr. Nicolás Schiavo.
La información dice que este grupo de personas buscó llegar a las puertas de las oficinas de Schiavo, que no consiguieron, a lo cual la respuesta por parte de las fuerzas de seguridad no fue lo suficientemente rápida.
Ante esta situación, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires denunció la situación: «Calificar lo ocurrido como un hecho de extrema gravedad institucional, un ataque directo contra el normal funcionamiento del servicio de justicia es evidente y no requiere de mayores reflexiones. Las paupérrimas condiciones edilicias y de seguridad en las que se desempeña la mayoría de los juzgados del fuero penal, excede el análisis de este caso e impide tratarlo como si fuera un hecho puntual. Lo mismo cabría decir de muchos juzgados de paz, juzgados de familia y dependencias de los ministerios públicos. Muchas veces sin cámaras de seguridad, sin custodia, sin un mínimo de sistema de prevención de riesgos».
«No es irrazonable tampoco concluir que hechos de esta naturaleza son también la consecuencia de la asunción por parte de la provincia de Buenos Aires de la competencia en la persecución, juicio y castigo del narcotráfico, sin la preparación, sin la estructura y sin el traspaso de los recursos prometidos para enfrentar tal flagelo que no solo afecta la salud, sino también la transparencia de un sistema de respuesta penal pauperizado, y la seguridad de quienes viven en los barrios», agregaron.
«Es por ello que solicitamos con urgencia a la cabeza del poder judicial de la provincia que se adopten las medidas necesarias desde ese máximo tribunal y ante las instancias de los demás poderes estatales para garantizar la seguridad personal de los magistrados, funcionarios y empleados del Juzgado de Garantías N.º 5 del Departamento Judicial San Martín, ante la urgencia de este caso. Requerimos, además, que se instrumenten los remedios para que jueces y juezas, funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas trabajen con la seguridad que la administración de justicia exige y que la comunidad merece», concluyeron.
