La Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) expresa su profunda preocupación ante medidas recientes del Estado Nacional que implican un grave retroceso en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
El Decreto 843/2024 reinstala un enfoque médico-rehabilitador superado, contradiciendo el paradigma de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Al condicionar el acceso a beneficios a la inexistencia de familiares obligados a prestar alimentos, y al mantener criterios restrictivos para definir la incapacidad laboral, se vulnera el principio de autonomía e inclusión. La eliminación de la compatibilidad entre pensiones y empleos de baja remuneración profundiza aún más la exclusión social.
ADPRA también cuestiona la Disposición 187/2025 de la ANDIS, que, pese a haber sido modificada, sigue sosteniendo una visión reduccionista, centrada en criterios estrictamente médicos y alejados del enfoque de derechos.
Se suma a este escenario la implementación de auditorías masivas sin información clara ni mecanismos accesibles, que ya derivaron en suspensiones injustificadas de pensiones, afectando a personas en situación de alta vulnerabilidad. La falta de articulación institucional, la inaccesibilidad del Certificado Médico Digital y la ausencia de oficinas territoriales agravan la situación.
ADPRA advierte especialmente sobre el impacto de estas medidas en niñas, niños y adolescentes con discapacidad, quienes requieren un enfoque reforzado por su doble condición de vulnerabilidad.
En este contexto, la Asociación plantea una serie de exigencias concretas: garantizar un trato digno y libre de discriminación; establecer procesos administrativos accesibles, razonables y transparentes; derogar el Decreto 843/24; restituir la compatibilidad entre pensiones y empleo formal; reabrir las oficinas territoriales y normalizar los sistemas de atención; y adoptar medidas reforzadas para la protección de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
Facundo Mancebo, Defensor del Pueblo de Lanús e integrante de la Comisión Directiva de ADPRA, sostuvo que “es indispensable que el Estado garantice una protección real, efectiva y respetuosa para las personas con discapacidad, especialmente frente a decisiones que restringen derechos y profundizan desigualdades”.
