El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, manifestó su repudio enérgico ante la injustificada asignación de 160 viviendas ubicadas en el predio Sago I, las cuales ya habían sido adjudicadas a vecinas y vecinos de nuestra comunidad a miembros de las fuerzas de seguridad.
Explico Daniel García que “el procedimiento fue realizado DE MANERA ARBITRARIA, y muy poco clara”.
Agregó Daniel García que: “esta decisión que fue llevada adelante sin transparencia, sin consulta y sin justificación previa a las familias afectadas, constituye un acto de despojo que vulnera derechos adquiridos y genera una grave situación de injusticia social”
Daniel García informó que, cumpliendo con sus funciones de Defensor del Pueblo de Avellaneda, ya ha recibido las denuncias de familias afectadas y se han iniciado las acciones correspondientes. En las horas próximas, se librarán oficios a Ministerio de Seguridad de la Nación, al Ministerio de Economía de la Nación y al Banco Hipotecario, exigiendo explicaciones inmediatas sobre este procedimiento triste y opaco, solicitando también, la nulidad del proceso de reasignación y la restitución inmediata a los adjudicatarios originales”.
