Nueva edición de Se Hará Justicia con la conducción de la Dra. Verónica Ottaviano con una entrevista a Marcelo Varona Quintián, presidente de la Asociación Argentina de Fiscales. Entre los principales temas de la entrevista: la inminente implementación del Código Procesal Penal Federal y su defensa del traspaso de la justicia ordinaria nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
A más de una década de su sanción (2014), finalmente en agosto se comenzará a implementar el nuevo Código de Procedimiento Penal Federal en los tribunales federales, encargados de investigar causas nacionales o delitos como narcotráfico, trata de personas, fiscales o ambientales, entro otros.
Esto implica un cambio profundo modificando el actual sistema inquisitivo, con preeminencia del juez tanto en la investigación como al momento de dictaminar el fallo, a uno donde toman mayor protagonismo los fiscales en la investigación. Además tiene como objetivo acelerar los tiempos judiciales con un proceso oral y público, entre otros aspectos.
Marcelo Varona Quintián es presidente de la Asociación de Fiscales de la República Argentina. Su postura es favorable a la implementación de los cambios descriptos.
«Es muy necesaria la modificación, era una vergüenza que sigan manejándose como el siglo XVIII. El proceso que tenemos ahora es de corte inquisitivo mixto donde el juez hace todo. Lo han aggiornado dándole algunas facultades al fiscal pero sigue siendo un invitado al fin de cuentas», detalló Varona Quintián.
«Como juez investigador procura esclarecer el hecho, se va formando opinión. Es muy difícil que luego termine en igualdad de condiciones. Además el proceso al ser escrito es más delegado, la mayoría de los jueces delega las declaraciones de las causas en empleados, el oficial escribe la declaración que tomó de acuerdo a lo que interpreta y así el juez va investigando hasta que decide una detención preventiva o una indagatoria», agregó.
«Es un proceso lento, discontinuo, un poco injusto y poco claro. Mientras en la mayoría de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen el sistema acusatorio (inquisitivo), inclusive en su forma más pura que es el juicio por jurados».
Respecto a las características de sistema acusatorio indicó: «El fiscal investiga y decide si va a imputar un delito o no lo va hacer, cuando lo hace a un tercero que es el juez, que no tiene conocimiento de los hechos, que no está comprometido con ninguna de las dos partes. La misión del juez es resolver la situación, no tiene un interés ni con las partes y ni en el caso. Es mucho más transparente. Los jueces resistieron el cambio porque ahora es el fiscal es el que lleva adelante y decide aspectos de la investigación«.
«El artículo 120 de la Constitución Nacional establece que el fiscal tiene la obligación de velar por la legalidad y por los intereses de la sociedad. Para ello necesita independencia y autarquía financiera. No responde a los poderes políticos. Algo que en la práctica a veces no ocurre», agregó.
La ley 27.063 que establece modifica el Código Procesal Penal Federal fue sancionada en el año 2014, pero su implementación viene largamente demorada. «Los jueces no tienen ganas de implementarlas, va de la mano del traspaso de la justicia ordinaria de la Capital a la Ciudad de Buenos Aires. Muchos ponen reparos, puntualmente una Asociación, que se resiste a la modernización y especialmente al traspaso«.
«Con este sistema los jueces no necesitan tener la estructura que tienen actualmente, las estructuras las necesitan tener las fiscalías. Hay que hacer una reconversión orgánica porque los fiscales tienen que ser mucho más que los jueces. El fiscal investiga y el juez solo interviene en las audiencias», puntualizó.
EL TRASPASO DE LA JUSTICIA ORDINARIA NACIONAL A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Un tema de fuertes debates dentro del mundo judicial: el traspaso de la justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad de Buenos Aires a la órbita de la propia Ciudad. Un debate que tuvo un capítulo importante cuando meses atrás con el denominado Fallo Levinas la Corte Suprema de Justicia Nacional dio competencia al Tribunal Superior de Justicia porteño, sentando una jurisprudencia, y una instancia previa a que los casos puedan llegar al máximo tribunal nacional.
Varona Quintián tiene una postura favorable al traspaso hacia la Ciudad de Buenos Aires. «Comparto lo que dice la Corte Suprema, es más es una obligación que viene siendo incumplida desde que se sancionó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires«.
«Lo que llaman ´Justicia Nacional´ no tiene nada más que los nombramientos, es una justicia que se dedica a hechos ordinarios de justicia común. Por ejemplo, cualquier litigio en lo laboral, penal o civil».
«Como ocurre en jurisdicción del país, en un delito ordinario tiene que intervenir la justicia local. Tampoco podemos designar a nuestros jueces. ¿Qué tiene que hacer un legislador de Catamarca eligiendo a un juez en la Ciudad de Buenos Aires?».
«Los abogados deberían estar contentos, además, porque el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia es mucho más amplio que el que se plantea ante la Corte que es extraordinario», indicó.
«EL DELITO SE VA PERFECCIONANDO»
Por último, se refirió a una problemática cada vez más extendida: los delitos informáticos. «Lamentablemente, se van perfeccionando los delitos y eso no va de la mano de los recursos con los que contamos.
«Un ejemplo, una fiscal de San Martín en un día recibe 60 denuncias por estafas virtuales. Muchas están hechas con celulares desde las cárceles. Ahora cuando le pedís al Poder Ejecutivo que no permita los teléfonos no lo hacen».
