Días atrás la vicepresidente Cristina Kirchner lanzó la bomba en el acto de la CTA realizado en el parque La Estación reclamando el fin de la «tercerización de los planes» y mayor control del Estado. Ese día compartió mesa con el ministro de Vivienda y Hábitat, Jorge Ferraresi, que lo buscará implementar en el Municipio con un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo.
El mismo lo firmó en realidad el intendente interino, Alejo Chornobroff, pero está claro que en Avellaneda todas las decisiones de fondo siguen pasando por el actual ministro nacional. Una decisión con la necesaria espalda política ante la posibilidad de entrar en colisión con las organizaciones sociales como el Movimiento Evita y la Unidad Piquetera, entre otras.
El acuerdo consta en la utilización del Potenciar Trabajo que representa la mitad del Salario Mínimo, Vital y Obligatorio y fue ideado para apoyar emprendimientos productivos o sociales con el aporte económico por parte del Estado nacional.
«La Municipalidad se compromete a contratar personas del Potenciar Trabajo» por el lapso de 12 meses como parte del Programa de Inserción Laboral. El Convenio se extenderá por los próximos dos años con posibilidad de renovarse por un lapso similar.
Avellaneda es la punta de lanza de un debate más amplio donde comienza a plantearse que los municipio tomen a su cargo los programas sociales y controlen el cumplimiento de tareas laborales. Esto genera contrapunto con las organizaciones socialles que hoy definen la asignación de estos Potenciar Trabajo.
De fondo también está la disputa planteada días atrás por la Vicepresidente y el malestar de muchos intendentes que ven crecer a las organizaciones sociales en su territorio a partir del manejo de los Potenciar Trabajo y otros recursos del Estado.
Primer capítulo, se verá como continúa en el resto de los distritos.
