Claudio Yacoy sobre Luis Castillo: «Está acusado de hechos aberrantes, no fue un personaje subalterno»

En diálogo con el programa Sin Filtro en FM Secla, el secretario de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda, Claudio Yacoy, detalló quién es Luis Horacio Castillo, dueño del colegio San Diego de Wilde, apuntado por numerosos testimonios judiciales como represor durante la última dictadura cívico militar con participación activa en los centros clandestinos de distritos de zona sur del conurbano. 

Castillo está siendo investigado, con suficiente evidencia en los Juicios por la Verdad en curso, por “secuestros, torturas, abuso sexual y apropiación de niños” durante la última dictadura cívico militar. Tras una trayectoria en la fuerza se retiró como Comisario en 1986. En tiempos más recientes se lo conoce por ser el dueño del colegio San Diego de Wilde.

“Está acusado de hechos aberrantes, no fue un personaje subalterno. En 1976,77,78 y 79  era Oficial Principal cuando se desarrollaba la represión en centros clandestinos de detención. Años después se retiró siendo comisario. Fue un hombre que planificó y ejecutó este accionar tenebroso”, resume Claudio Yacoy.

“No estaba en los listados de represores, el hombre surge de las audiencias que se hicieron en las causas que investigan los hechos en El Infierno, el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes. Son víctimas que lo denuncian, por esa razón la fiscalía lo imputa y el juez lo sigue investigando”, amplió.

“La causa elevó a juicio comenzó en 2020, en la etapa de instrucción en donde las víctimas indican a Luis Castillo como uno de los que estaba al frente de la Brigada. Al menos tres personas también los denuncian por delitos sexuales”.

El repudio sobre Luis Castillo llegó días atrás al Concejo Deliberante de Avellaneda donde fue declarado persona no grata a partir del impulso del bloque del Frente de Todos. La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense informó que no podrá gestionar el colegio San Diego. Yacoy aclaró sobre este punto que el Estado provincial no le quitó los subsidios que recibe la educación privada y que Castillo argumentó para aumentar la cuota a las familias.

Yacoy hizo énfasis en una preocupación de los organismos de Derechos Humanos del presente, la impunidad biológica de los represores sumado a las prisiones domiciliarias con que son beneficiados personajes que han cometido hechos atroces. “Hay que preguntarse qué quiere hacer este Poder Judicial con la sociedad con prisiones domiciliarias como la de Etchecolatz, Ocampo y Firpo. Son una ofensa”.

En la causa que investiga la represión en Quilmes, Banfield Avellaneda “tiene 636 testigos. Han declarado 130 en 70 audiencias, lleva dos años y tiene para tres años más. Van a tener impunidad biológica los represores. Es un Poder Judicial totalmente clasista”.

Ninguna fuerza democrática puede seguir convalidando las prisiones domiciliarias en el caso de los represores. En Avellaneda la memoria, la verdad y la justicia no son solo una declamación. Si hay alguien que violó, torturó y mató no puede vivir con nosotros”, concluyó Yacoy.

Escribe tu Comentario