Cansado de reclamar a Edesur por los reiterados reclamos de sus vecinos con magros resultados; entendiendo que todas las instituciones vienen haciendo lo propio ante los cortes de suministro y las facturas abusivas a los usuarios cautivos del sistema; reconociendo el esfuerzo de los trabajadores que hacen lo imposible con lo poco que la empresa les brinda, el Defensor del Pueblo de Avellaneda manifestó el hartazgo, descontento y calificó de inverosímiles las respuestas que la empresa manifiesta cada vez que se le reclama por sus propios incumplimientos.
El Defensor esta convencido que se necesita avanzar hacia una auditoría de la empresa Edesur, ya sea por medio del ente de contralor, ENRE, la Secretaría de Energía de la Nación, la Auditoría General de la Nación o en su caso que intervenga la justicia.
Los balances de las empresas y sus respuestas no se condicen con la realidad, los cortes y la facturación excesiva, amén de un sin número de irregularidades que se ven a diario ante los reclamos de los vecinos en la Defensoría del Pueblo de Avellaneda.
Sin lugar a duda los avellanedenses se merecen tener el servicio acorde a lo que pagan, que de hecho es sumamente oneroso, son cautivos porque no pueden optar, cuando estamos hablando de un Derecho Humano.
El Defensor del Pueblo considera que ya es hora que se realice una auditoría a la empresa que determine, examinando el contrato de concesión y sus balances de forma ecuánime si realmente se cumplió con lo pactado. Ellos alegan haber hecho inversiones que no se condicen con la realidad que viven nuestros vecinos. Falta de transformadores, cableados obsoletos, falta de insumos básicos, las cuadrillas, los trabajadores de Edesur, llegan al lugar para solucionar el problema y no cuentan con los elementos porque la empresa no los abastece.
Daniel García expresa que esto es un dèjà vu, lo vivimos y debe servirnos de referencia, antecedente y jurisprudencia si se quiere. La Auditoría General de la Nación elevo informe donde se expreso que el ente regulador no había sancionado a la empresa por los incumplimientos, se hicieron convenios con universidades que detectaron los inconvenientes, lo informaron y terminó en la justicia.
Es por todas estas razones que el Defensor sostiene, es imprescindible realizar una auditoría, a través del ENRE y/o la Secretaría de Energía de la Nación y/o Auditoría General de la Nación y si es necesario acudir a la justicia, porque lo que viven los vecinos de Avellaneda es una verdadera injusticia.
“Creo que ya es hora de ir a una nacionalización del servicio de energía eléctrica, pero antes debe realizarse una auditoría porque en estos últimos años, con el anterior gobierno, los usuarios sufrieron un verdadero saqueo comparando prestación de servicio versus costo. Si se realiza una auditoría certera, podremos saber dónde fue el dinero, cuanto se invirtió, cuanto fue el gasto genuino de la distribución y cuanto se fugó como dividendos y ganancias…. Estimo es necesario que se les rescinda el contrato de concesión por su incumplimiento, no sea cosa que el estado deba encima premiarlos con una indemnización que luego, como siempre deberá pagar nuestro pueblo mientras estos señores llenan sus bolsillos con el hambre de nuestra gente”.
Prensa Defensoría del Pueblo de Avellaneda
