El Gobierno nacional extendió el congelamiento de tarifas de los servicios públicos hasta fin de año, además de prorrogar la norma que prohíbe la interrupción de los servicios ante la falta de pago.
La situación económica es muy compleja. Venía mal y el Covid-19 agudizó todos los problemas. Para enfrentar esta situación el Gobierno dispuso esta medida para quitar presión de los enflaquecidos bolsillos de los trabajadores y de las cuentas en rojo de Pymes y cooperativas. La medida permite que los usuarios puedan acumular hasta seis facturas impagas, consecutivas o alternadas, en el marco de la crisis económica y sanitaria por el Covid-19.
La medida está determinada en el marco de la ley de Emergencia Social que fue sancionada en el Congreso al comienzo del año legislativo, pero con el nuevo decreto 543/2020 se amplió la cantidad de facturas que se podrán acumular sin que la empresa corte el servicio.
Así de tres facturas impagas, se pasará a seis consecutivas o alternas que un usuario puede acumular por imposibilidad de pago.
El decreto explicita que “las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios en caso de mora o falta de pago de hasta seis facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020”.
Las personas que podrán ser incluidas en esta extensión de la medida son los beneficiarios de las asignaciones universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE); de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, actualmente en $ 16.875; monotributistas sociales; y jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos SMVM.
