El oficialismo busca alcanzar junto la cúpula de la Unión Cívica Radical un consenso en torno a las medidas que serán anunciadas el lunes por la mañana. Se temen más impuestos que agraven la recesión
Los integrantes de la mesa chica del gobierno de Mauricio Macri se encuentran reunidos en la residencia de Olivos con los principales referentes de la UCR para alcanzar un consenso en torno a las medidas que desde el Poder Ejecutivo nacional van a anunciar en las próximas horas.
Fuentes del oficialismo remarcaron que la intención del Gobierno es que el radicalismo respalde las nuevas políticas y los cambios de Gabinete porque necesitan del apoyo político y parlamentario de uno de sus principales socios.
«Los cambios en los ministerios los decide Mauricio y su círculo más chico. Con los radicales hay que discutir las medidas económicas», señaló un funcionario que está en la Quinta de Olivos.
De la reunión participan el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la gobernadora María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, su vice, Sebastián García de Luca y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. También está el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, en representación de la Coalición Cívica.
Por el lado del radicalismo, participan los gobernadores de Mendoza y titular del partido, Alfredo Cornejo; de Jujuy, Gerardo Morales; de Corrientes, Gustavo Valdés; los senadores Luis Naidenoff y Angel Rozas y el dirigente Ernesto Sanz.
La vuelta de las retenciones como fuerte instrumento recaudador será la clave de los anuncios. En el caso de la soja, estaba vigente un cronograma que la reducía un 0,5% mensual hasta 2020. Seguro será suspendido y aún no está claro si volverá a aumentar a los niveles que había fijado el kirchnerismo, es decir 35%. Pero además se reinstalarán para las exportaciones de maíz, trigo y otros productos que hasta podrían incluír productos industriales.
Pero además también se evalúa dar marcha atrás con la reforma tributaria, que establecía una reducción distorsivos como Ingresos Brutos y Sellos para las provincias. Como también una rebaja en aportes patronales, que se disponía a través de un aumento en forma gradual del mínimo no imponible. Además, se habla en forma insistente de elminar la categoría más alta del monotributo para transformarla en «responsable inscripto», es decir que miles de contribuyentes pasarían automáticamente a pagar IVA y Ganancias.
El nuevo «impuestazo» tiene varias razones. Pero la más fuerte es la negativa de la clase política a llevar adelante un ajuste en serio para ayudar a equilibrar las cuentas públicas. Ni el aumento del riesgo país ni la necesidad de ir a un acuerdo con el FMI habían convencido a Mauricio Macri de la necesidad de achicar la estructura de ministerios. Sólo fue la corrida cambiaria de los últimos días la que lo llevaron a tomar una medida que se le venía reclamando hace por lo menos un año y medio.
Y esta falta de reacción del Gobierno nacional en la búsqueda de ahorros se traslada a provincias, municipios y al ámbito legislativo. No hubo un solo gesto de austeridad de prácticamente ningún sector, ni propuestas concretas. Nuevamente «la política» decidió mirar para otro lado. Y traspasar la mayor parte del peso del ajuste al sector privado, como viene sucediendo hace décadas.
En el acuerdo con el FMI se estipuló una reducción del déficit fiscal primario desde 2,7% a 1,3% para el año próximo, lo que en la práctica implica la necesidad de un ahorro de 300.000 millones de pesos. La idea era conseguirlo con una mezcla de menores subsidios, reducción de la obra pública y achicamiento del Estado.
Pero ante la crisis habrá que dar una señal de austeridad mayor, por lo que se busca un anunció que acerque a las cuentas públicas al déficit cero el año próximo, adelantando algo previsto para el 2020. Esto y la caída de la actividad, sumado a las escasas señales de austeridad del sector público, obligaron al Gobierno a subir una vez más la carga tributaria. Pensar en un «gesto» de la política en pos de un ajuste en un año electoral era una tarea imposible en Argentina. Y quedó demostrado.
Varias medidas (retenciones y freno a la reforma tributaria) ya habían sido sugeridas al Gobierno por parte del staff del FMI. En su momento fue el propio Macri quien rechazó un freno a la baja de la presión impositivo al campo para no incumplir una promesa de campaña. Pero todo sucedió antes de la megadevaluación de agosto.
La caída del consumo y la consiguiente recesión complican mucho más el panorama. El plan original de Dujovne era que la baja de la presión tributaria se consiguiera con una reducción del gasto público en términos reales (es decir que crezca menos que la inflación), pero sobre todo a partir de mayor crecimiento. Con un PBI achicándose, la obligación de aumentar la recaudación se vuelve mayúscula.
Las reaparición de las retenciones al centro de la escena vienen de la mano del aumento del gran aumento del dólar, que acumula más del 70% en lo que va del año. Y esto le permite al Estado recaudar a costa de los exportadores, pero a partir de una megadevaluación, que llevará a la inflación por encima del 40% este año y por ende otro fuerte aumento de la pobreza.
